El Gobierno quiere que este año las paritarias tengan un techo del 30%, sin cláusula gatillo, de manera que los salarios estén en línea con la inflación que Economía proyecta en el 29% para 2021. Y que a lo sumo los salarios superen en 1 ó 2 puntos la suba de los precios. No más.
También ratificó que las ayudas oficiales se limitarán a los sectores críticos afectados por la pandemia y que no habrá, como el año pasado, ni bonos masivos de $ 10.000 (IFE), ni programa ATP (pago de una parte de los salarios del sector privado).
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Tras esos objetivos, la administración de Alberto Fernández buscar armar un acuerdo general de la CGT y las centrales empresarias para desalentar las expectativas de que las paritarias de este año recuperen las pérdidas salariales de los últimos 3 años y esa mejora salarial se traslade a los costos empresarios y luego a los precios.
El acuerdo UIA-CGT en torno a las suspensiones por la pandemia, con el pago reducido de hasta el 25% de los salarios, es un antecedente del tipo de acuerdo social que pretende.
“No queremos ni que los aceiteros, ni Baradel (por los docentes) ni Moyano (por los camioneros) nos marquen la pauta salarial de este año”, admiten los funcionarios.
Según los últimos datos (octubre 2020) del Ministerio de Trabajo, los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado que conservaron sus puestos de trabajo se redujeron en 12 meses un 2,3% y acumularon una caída del 13% respecto de octubre de 2017. En el sector público, la pérdida salarial es superior.
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Tras ese objetivo, Economía avanza con diversas iniciativas. Luego de los acuerdos por los precios de la carne vacuna y el maíz, apunta ahora a las cadenas del trigo y el girasol. Los precios de los alimentos son los que más inciden en la medición de inflación y en los valores de las canastas básicas de indigencia y pobreza.