Marcar la agenda
04 Octubre de 2024 13:49
Después de la masiva marcha en contra del veto presidencial al financiamiento universitario, el Gobierno presentará en las próximas horas en el Congreso un proyecto que busca el arancelamiento para los extranjeros que concurran a las universidades públicas en el país.
La iniciativa no es nueva. En efecto, la determinación de que las casas de estudio sean aranceladas para los "extranjeros no residentes" estaba prevista en la Ley Bases, pero fue excluida durante las negociaciones parlamentarias.
En principio, desde el Gobierno se encargaron de filtrar que la secretaría de Educación y el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado -liderado por Federico Sturzenegger- ya trabajan en la letra chica del proyecto de reforma educativa que llegará al Legislativo.
La primera traba que por estas horas tiene el Ejecutivo es la Ley N° 24.521, que establece que "los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos".
Pero lo llamativo del proyecto, es que, de avanzar, el Gobierno no podrá cobrarle a ninguno de los a 122.769 estudiantes extranjeros que hoy estudian en el sistema universitario argentino (un 4,5% del total). ¿El motivo? La Ley 25.871 de Política Migratoria, que establece las condiciones que deben cumplir los extranjeros para poder acceder a las casas de estudio de gestión pública en la Argentina.
En concreto, quienes ingresen al país para cursar sus estudios deberán tramitar una visa de residente temporario que se otorga por dos años prorrogables. Este trámite es el que les permite obtener el DNI con el que luego deben inscribirse en la universidad.
Para poder acceder al visado, deben demostrar la inscripción correspondiente en la institución educativa y la renovación queda siempre sujeta a la certificación de su condición como estudiante regular.
De esta forma, el proyecto con el que el Gobierno busca marcar la agenda mediática, en el marco de las negociaciones contrarreloj para sostener el veto en el Congreso, no modificaría en nada la situación actual de los extranjeros que cursan o quieran cursar sus estudios universitarios en suelo argentino.
