La ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a ser citada a indagatoria, junto con otros 100 ex funcionarios y empresarios de la construcción, por el juez federal Claudio Bonadio en una de las causas que se generó por la derivación de los cuadernos del ex chófer Oscar Centeno.
La ex presidenta volverá a tener que ver cara a cara a Bonadio.
Además de la ex presidenta fueron citados a declarar los empresarios Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio y Juan Chediack, y otros ex funcionarios como el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido y su ex mano derecha Roberto Baratta. La ronda de indagatorias comenzará el 20 de febrero. La causa investiga es el sistema de cartelización de la obra pública que denunciaron varios de los arrepentidos.
El primo del presidente Mauricio Macri es uno de los empresarios citado a declarar.
Bonadio buscará probar que efectivamente entre los miembros de la Cámara Argentina de la Construcción -con la complicidad de los funcionarios de turno gracias al pago de coimas- decidían quienes competirían en cada licitación como también el ganador en ellas. Una de las curiosidades es que la ex presidenta fue citada para el 25 de febrero y un día después tendrá que asistir nuevamente a Comodoro Py para el comienzo del juicio oral y público en la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz para favorecer al empresario Lázaro Báez.
Bonadio rechazó excarcelar al arrepentido Campillo y ordenó más de 80 procedimientos en todo el país
Báez también recibió noticias judiciales hoy en Comodoro Py- cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 intimó a su hijo Martín para que se presente hoy mismo a riesgo de dictar su orde de captura. Los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti, sostuvieron que si el hijo de Báez no se presenta hoy a la audiencia será ordenado su inmediato encarcelamiento, pero no resolvieron aún un pedido de detención que había formulado el fiscal del juicio en diciembre.
El fiscal Abel Córdoba había solicitado antes de la feria judicial que Martín Báez fuera detenido, porque se había detectado que había retirado dinero de cuentas bancarias de las que es beneficiario, burlando la inhibición judicial. La intimación a Martín Báez ocurrió en el marco de la reanudación del juicio oral que se le lleva adelante contra Báez, sus cuatro hijos y una veintena de procesados por lavado de dinero ilegal, fruto de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo. El juicio oral se sigue por maniobras multimillonarias de lavado de activos a través de empresas offshore, cuentas en el exterior y compra de bonos.