El Gobierno decidió otorgar un bono de fin de año de entre $ 2.000 y $ 3.500 a 130 mil trabajadores de la Administración Pública Nacional que se podría extender a otros 90 mil contratados por organismos descentralizados y empresas públicas. En cambio, los estatales de las provincias y los municipios deberán aguardar la decisión de gobernadores e intendentes.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, recibió el apoyo del líder de UPCN, pero no el de ATE.
De esta manera, los empleados de categorías F y E, por lo que cobran mensualmente entre $ 9.000 y $ 18.000, recibirán en diciembre $ 3.500. Para la D, con ingresos mínimos de $ 12.000 sin contar título ni antigüedad, $ 3.300; para la C, con ingresos máximos de $ 34.000, $ 3.000; y para las categorías B y A, $ 2.000.
La Emergencia Social fue impulsada por el senador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina.
En cambio, quienes cumplen funciones de directores, coordinadores y cargos políticos no lo recibirán. El bono de fin de año, anunciado hoy por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, aceptado por el líder de UPCN, Andrés Rodríguez, y rechazado por el secretario general de ATE, Hugo Godoy, según publicó Clarín, le costará al Estado nacional $ 350 millones.
En este contexto, el gobierno de Mauricio Macri piensa minimizar el posible impacto de la movilización opositora del viernes hacia las puertas del Congreso, convocada por organizaciones piqueteras y respaldada por la CGT, en la que exigirán la aprobación del proyecto de ley de emergencia social para aumentar 15% las asignaciones sociales.