La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich negó el pago de una suma millonaria al arrepentido del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, para que declare en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de cárcel. Sin embargo, la presidenta del PRO luego admitió que se le depositó dinero “como a cualquier arrepentido” que forma parte del régimen de testigos protegidos.
La denuncia sobre un pago a millonario desde el programa de protección a testigos a Vandenbroele salió a la luz semanas atrás y está siendo investigada por la fiscal federal Paloma Ochoa. De acuerdo con un artículo publicado por El Destape, el arrepentido recibió pagos por $2 millones para el armado de un hotel boutique en Mendoza luego de la condena al ex vicepresidente.
“¿Cómo vamos a pagarle a alguien para que declare contra Boudou?”, se defendió ayer Bullrich, durante una entrevista con el canal A24. “Esto es una locura, el objetivo es voltear la causa”, denunció la ex ministra y actual presidenta del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri.
“Eso es una locura, ¿cómo vamos a pagarle a alguien para que declare contra Boudou? El objetivo es voltear la causa”, sostuvo Bullrich, quien justificó el pago - en total $2 millones con los que Vandenbroele montó un hotel de lujo en Mendoza - se hizo como a “cualquier arrepentido” dentro del sistema de protección que estaba en la órbita del Ministerio de Justicia. “Se le da plata por mes cuando esté en el sistema”, agregó.
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“La ley del arrepentido fue una bomba atómica para el kirchnerismo”, justificó Bullrich, aunque de inmediato el columnista de judiciales, Gabriel Iezzi, le retrucó que habían documentos aportados en la Justicia que probaban los pagos a Vandenbroele posteriores a su declaración contra Boudou. Aunque primero dijo que “es mentira”, luego admitió que “todo arrepentido tiene un subsidio mensual, porque no puede trabajar”.Bullrich dijo que había mantenido conversaciones con quienes estuvieron al frente del Programa de Protección a Testigos durante la gestión de Germán Garavano como ministro de Justicia. Sin embargo, la ex ministra de Seguridad le bajó el tono a la denuncia al afirmar que “con 2 millones de pesos nadie invierte en un hotel”, y le apuntó a las nuevas autoridades de Justicia al afirmar que es un delito “entregar información de qué actividad estaba desarrollando Vandenbroele”.
LA DENUNCIA
El caso salió a la luz hace dos semanas: el hotel boutique La Masía fue montado por Vandenbroele en la provincia de Mendoza con fondos otorgados por el programa de Protección a Testigos durante la gestión de Garavano.