13 Septiembre de 2024 12:31
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich está en el centro de la polémica tras activar su protocolo anti-represión sobre un puñado de personas de la sociedad civil que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso durante el debate por el rechazo al veto de movilidad jubilatoria. A 48 horas de la brutal represión, tiene una denuncia por abuso de autoridad.
La denuncias que se interpusieron a la Ministra estalló tras la difusión de las imágenes de una niña de 10 años a la que gasearon en la cara mientras estaba en el piso junto a su madre. Horas más tarde, el periodista Jonatan Viale y Eduardo Feinmann quisieron instalar -con otro video- que había sido un manifestante quien arrojaba pimienta en la cara de la niña, versión que fue desestimada por el verdadero video.
En ese contexto, la temperatura subió y Bullrich quedó totalmente expuesta, tanto así que ahora podría cumplir dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos tras la denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón avalado por el artículo 248 del Código Penal.
Ese artículo explica las condenas a quien "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
Por concurso, la causa recayó sobre la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada con la denuncia por el aparato represivo desmedido sobre la niña de 10 pero también sobre octogenarios que se manifestaban en los alrededores de la Plaza de los dos Congresos.
Así como Bullrich deberá dar explicaciones a la justicia, también lo deberá hacer la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva que fue denunciada por violación de deberes de funcionario público en los tribunales federales de Retiro.
Esta demanda fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
¿Jefe de la Policía Federal? ¡Afuera!
Luis Alejandro Rolle, el jefe de la Policía Federal (PFA) también está en el ojo de la tormenta pero por haber difundido el video fake del ataque a la nena con gas pimienta y remarcar que se trataron de "grupos de izquierda" que reprodujeron los medios de comunicación pertenecientes al Grupo Clarín en loop.
Según trascendió, Rolle tendría las horas contadas en su cargo luego de que trascienda que fue él quien envió a los medios de comunicación un video en el que se quiso desligar la responsabilidad de Bullrich y su patota al mismo tiempo que intentó estigmatizar a los movimientos opositores.
Fue Feinmann quien manifestó en una charla en vivo a la funcionaria, quien sostenía que la Policía no había rociado con gas a la menor, que fue Rolle la persona que le hizo llegar a la producción de su programa el video fake.
Se espera que en las próximas horas Bullrich mantendrá una reunión con el jefe de la PFA y, de acuerdo a lo que supo la Agencia Noticias Argentinas, le pediría la renuncia y pondría en su lugar a Alejandro Ñamandú, quien hasta diciembre pasado fue superintendente de Investigaciones en la fuerza.
La historia de Rolle en la PFA viene desde 2022 cuando dirigía la cúpula de la Superintendente de Aviación Federal. Antes de esas tareas estuvo como cabecilla de una división contra robos y hurtos en el que manejaba efectivos de infantería, control y confrontación en disturbios.
Hasta el episodio del miércoles 11 de septiembre, Luis Rolle era un agente más prestigioso de la Policía Federal con conexiones con el FBI, Interpol y Homeland Security.