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¿Si esto no es una dictadura, qué es?

Bullrich propone detener personas al voleo, intervenir teléfonos y allanar sin orden judicial

Cuatro proyectos de ley están siendo debatidos en Cámara de Diputados por las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior.

13 Mayo de 2024 12:23
Patricia Bullrich
Patricia Bullrich

El control social y la represión sin ningún tipo de consecuencia están a la orden del día desde el 10 de diciembre de 2023 cuando Javier Milei asumió como presidente argentino y puso entre sus filas a una de las más despiadadas funcionarias en materia de política de seguridad: Patricia Bullrich, que propuso cuatro leyes que están siendo duramente criticadas por la dirigencia social. 

Bullrich, que traicionó al macrismo y se enlistó rápidamente con La Libertad Avanza presentó de la mano de Fernando Soto (abogado de los prefectos asesinos de Rafael Nahuel y del policía Luis Chocobar) y de Carlos Manfroni (que brega por sacar de prisión a represores, amigo de la vicepresidenta Victoria Villarroel con quien escribió el libro "Los Otros Muertos"), una batería de leyes que se discuten en la Cámara de Diputados.

Luis Chobobar junto a Bullrich y Fernando Soto
Luis Chobobar junto a Bullrich y Fernando Soto

En resumen son cuatro las nuevas leyes que se discuten en las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara baja y que ya fueron refutadas por su "desastrosa técnica legislativa y por su contenido, pues crean un Gran Hermano bajo control de Bullrich, prácticamente un estado de sitio", en palabras de la diputada del PTS-FITU Myriam Bregman, una de las primeras funcionarias de gobierno en advertir sobre las nuevas políticas de seguridad del la ministra de Seguridad de Las Fuerzas del Cielo.

💣Bombita. Los cuatro proyectos de ley tienen la firma tanto de Milei como de Bullrich y se le suman las firmas del jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse y la del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Argentina o Gran Hermano: los 4 proyectos de ley 

Orden Público. Se viene implementando desde las primeras manifestaciones en contra del gobierno Milie y para los y las argentinas ya es una moneda corriente el "protocolo antipiquetes". Allí se propone dar vía libre al uso de diferentes armas a los policías para reprimir manifestantes que cambiarán su percepción a "delincuentes". Esta norma advierte: "No pocas veces se han visto inhibidos de actuar ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber". 

Carlos Manfroni, Bullrich y Fernando Soto
Carlos Manfroni, Bullrich y Fernando Soto

En la misma línea se habla también sobre la "legítima defensa" dando más poder a los oficiales armados contra civiles y se aumenta hasta 6 años la pena del delito de "atentado y resistencia a la autoridad" dando aún más poder a los uniformados: "En cualquier país, quien golpea a un policía pierde su libertad. El respeto a las fuerzas del orden es uno de los pilares del sistema democrático", expresa el proyecto de ley. 

Antimafias. Con esa potente palabra, el proyecto de ley contempla que si hay una zona muy conflictiva en cualquier punto geográfico del país, Bullrich podría declarar una especie de estado de sitio o, como dice el proyecto "zona sujeta a investigación especial" en donde se podrá allanar sin orden judicial, detener personas (hasta por 48 horas)y hasta intervenir comunicaciones telefónicas. 

Patricia Bullrich llegó al gobierno libertario con un protocolo "antipiquetes" bajo el brazo
Patricia Bullrich llegó al gobierno libertario con un protocolo "antipiquetes" bajo el brazo

Reiterancia. Esta ley permite detener a una persona por el solo hecho de haber estado imputada con anterioridad. Si esta Ley pasa el debate de la Cámara Baja, se le dará a la fuerza represiva la potestad para detenciones arbitrarias sobre todo a quienes participen en manifestaciones semanal o mensualmente. 

Registro Nacional de Datos Genéticos. Se modificará el Registro Nacional de Datos Genéticos (Ley 26.879) para que el Estado pueda obtener los datos genéticos de las personas que hayan cometido un delito, desde una calumnia hasta los más graves. En caso de aprobarse, el Ente tendrá los datos de los argentinos hasta por 100 años.

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