La CGT y la CTA, movimientos sindicales de trabajadores organizados ya preparan sus movilizaciones que se llevarán adelante el miércoles 27 de diciembre. La decisión fue tomada en conjunto tras mesas de reuniones de dirigentes sociales tras la marcha del 20 de diciembre pasado en la que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad "estrenaba" su protocolo anti-manifestaciones sociales en la que prohibió el corte de calles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esa jornada todo fue bastante turbio. El Polo Obrero y otras organizaciones populares se trasladaron desde sus casas hasta Plaza de Mayo pero ya en el camino, los paró la Policía para requisarlos, pedirles documentos y amedrentar a aquellos que "confesaron" que iban a marchar.
Además, en la estación de trenes de Constitución se escuchaba a través de altoparlantes en loop una frase que decía que quien marchaba, no cobraría sus planes sociales. También se filmó de forma ilegal el rostro de quienes se trasladaban en colectivos hacia la Ciudad.
La marcha en oposición al gobierno de Javier Milei transcurrió de manera pacífica pero ante la mirada amenazante de las Fuerzas Armadas que se hicieron presentes en las calles como si se tratara de un Estado de Sitio a 40 años de haber recuperado la democracia en Argentina. Y, para colmo, quienes terminaron impidiendo la circulación fueron los propios efectivos de las Fuerzas Federales enviados por la ministra.
Para Bullrich, lo prometido es deuda y por eso posteó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) las represalias que se impartirán a las organizaciones sociales que se manifestaron el pasado 20 de diciembre.
- Bombita: muchas de las 14 organizaciones "identificadas" por el Gobierno no sólo no convocaron a la marcha, sino que tampoco se movilizaron.
Según indica el "Informe por operativo 20-12-2023" (SIC), habrá 14 organizaciones que serán incluidas en un "Registro" con la excusa de que los mismos manifestantes paguen el costo de la actuación de las Fuerzas federales que, según Bullrich costó unos 60 millones de pesos al Estado.
El comunicado de la ministra Bullrich
"Tras el operativo desplegado en diversos lugares del país por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a fin de impedir la comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal y otras posibles infracciones a la ley en cumplimiento del Protocolo de Orden Público, sin perjuicio de la tarea de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos ya algunas conclusiones provisorias", empezó el comunicado.
Allí se anuncia: "Se ha hecho la denuncia a los Tribunales Federales, por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales, denuncia que ha recaído en el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello y la Fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita", serán los magistrados quienes tendrán el poder de seguir o parar la denuncia.
Además, Bullrich publicó las cifras de los llamados al número 134 que se habilitó para denunciar supuestos aprietes y extorsiones que los líderes sociales habrían consumado para que las personas que cobran un plan social vayan a manifestarse.
Según la ministra hubo 15.900 llamados. En el comunicado explicó cómo se clasifican las llamadas: "Se separaron 1100 denuncias que encuadran en la tipología señalada, de las cuales se han clasificado, para adjuntar a la presentación realizada, 214 planillas de comunicaciones".
Allí explicó también las supuestas razones de los llamados: "Pedido de dinero cada vez que cobran el plan; multas que llegan que llegan a los 8000 a quienes no concurren a los cortes de rutas por ellos convocados; amenaza de dar de baja el plan si no se prestan a la concurrencia a estos eventos". Según reza el comunicado, hay 32 dirigentes sociales implicados en las extorsiones.
El cuarto punto del comunicado tiene que ver con las tareas de inteligencia de la Policía en particular y del ministerio de Seguridad en general. Según se informa: "Se desarrolla el proceso de identificación de las personas que cortaron la vía pública, en violación al artículo 194 del Código Penal, de las que ya se identificaron 35. Aún faltan verificar varias de las cámaras. Sin embargo, el pequeño número de infractores demuestra el éxito del operativo desplegado". Y hay más: "Aún se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social a fin de proceder de acuerdo con las normas del ministerio de Capital Humano".
El último punto es tal vez el más polémico. Allí se informa que el costo del operativo de las fuerzas fue de 60 millones de pesos. Lo sorprendente es que se firmó hace pocas horas y en un profundo secretismo, un decreto para que las mismas organizaciones sociales sean las que deben pagar el costo: "Se dictó, en el día hoy (22 de diciembre de 2023), una resolución a fin de establecer los parámetros para determinar los costos del operativo e intimar su resarcimiento por organizaciones involucradas. Hay una estimación aproximada de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) por el dispositivo desplegado, contando el consumo de combustible y el promedio de horas/hombre".
Como si de una cacería de brujas se tratara, la ministra publicó una lista ordenada de qué organizaciones sociales participaron de la movilización: "De acuerdo con el Protocolo de Orden Público, se identificaron, a fin de su inscripción en el Registro a las siguientes organizaciones", se expresó y una por una nombró a las organizaciones: "Polo Obrero; Corriente Clasista y Combativa; Movimiento Evita; La William Cooke; MTR 12 de abril; CUBA MTR; Libres del Sur; Darío Santillán; La Dignidad; El FOL; Barrios de Pie; Torres; MTE; Movimiento Patria Justa".
Ligada con esta publicación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón posteó un video en el que muestra orgullosa el accionar de la Policía Federal. Sin embargo, no publicó allí la violencia con la que actuaron mostrando camiones hidrantes y sacando a la calle las Fuerzas federales.