Decenas de miles de argentinos y argentinas miran con preocupación el uso desmedido de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich en la marcha que empezó siendo de jubilados pero que de a poco fue creciendo y hoy engloba también a trabajadores de la educación, organizaciones políticas, sociales y hasta sindicales.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, presentaron habeas corpus preventivos para proteger los derechos de quienes participen en la movilización programada para este miércoles en Plaza de los Dos Congresos; las medidas buscan frenar el accionar represivo que, bajo la gestión de la ministra de Seguridad, han sido motivo de denuncias internacionales por su carácter desproporcionado y asesino.
El legislador Marino interpuso este martes un habeas corpus preventivo ante el Juzgado Criminal y Correccional N°8. En su presentación, solicitó que las fuerzas policiales se abstengan de utilizar pistolas lanzagases, armas que fueron prohibidas en 2010 debido a su potencialidad letal, pero que han sido reintroducidas durante el gobierno actual de Javier Milei.
Marino recordó que estas armas estuvieron involucradas en el asesinato del maestro Carlos Fuentealba y señaló que su reciente uso dejó al fotorreportero Pablo Grillo gravemente herido, tras ser impactado durante una manifestación el pasado 12 de marzo: "Es por cierto, concreto e inminente el riesgo que corre la integridad física y la libertad de toda persona que se manifieste en el día de mañana", afirmó Marino en su escrito.
El diputado también subrayó que el uso de estas armas no es un hecho aislado, sino parte de un esquema represivo que se despliega bajo la dirección del gobierno de La Libertad Avanza. El saldo de la última movilización incluyó 114 detenciones arbitrarias, lo que refuerza las preocupaciones sobre el respeto de las garantías constitucionales en el marco del ejercicio del derecho a la protesta.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo presentó un habeas corpus preventivo y colectivo para resguardar a quienes participen o transiten por las inmediaciones de la marcha. En su solicitud, el organismo exigió que las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como porteñas, se ajusten a estándares internacionales en el uso de la fuerza. Entre las medidas requeridas, se incluyó que los agentes estén debidamente identificados con nombre, apellido y rango visible en sus uniformes, para garantizar un control efectivo sobre su accionar.
Además, se interpusieron dos acciones judiciales adicionales. Una de ellas busca prohibir la detención de menores de edad durante las manifestaciones, salvo en casos excepcionales de flagrancia por delitos graves. La otra acción exige que las fuerzas policiales no obstaculicen el trabajo del grupo CEPA, encargado de brindar atención humanitaria y asistencia en emergencias durante las movilizaciones.
La jornada del 19 de marzo será un nuevo capítulo en un contexto social marcado por el descontento hacia las políticas económicas y represivas del gobierno de las fuerzas del cielo. Las imágenes recientes de violencia estatal traen a la memoria los lúgubres episodios de la última dictadura militar en Argentina, generando preocupación sobre el retroceso en materia de Derechos Humanos y libertades civiles totalmente rechazados por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei.