Tiene la manzana rodeada. El secretario privado del expresidente Mauricio Macri, Darío Nieto, fue llamado a prestar declaración indagatoria como sospechoso en una de las causas por la que se investiga el espionaje ilegal en el gobierno de Cambiemos.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, ordenó la citación a indagatoria de quien durante cuatro años fue la sombra de Macri, tras el pedido formulado por los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherarbide, presentado esta misma semana.
Auge también llamó a declarar como sospechosos a los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes ya fueron procesados por el juez, pero en otra causa en la que se investiga el espionaje al Instituto Patria y a la actual vicepresidente Cristina Kirchner.
En su resolución, el juez le pidió al Consejo de la Magistratura que le "asigne una plataforma que permita realizar las mismas en forma remota", y señaló que la fecha de las audiencias se fijará una vez que obtenga respuesta a ese requerimiento.
Luego de la indagatoria de su secretario y de su amigo estrecho a quien puso al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no faltará tanto para que el próximo convocado sea el ex presidente.
Las lista de víctimas del espionaje es muy nutrida, pero lo más llamativo es que alcanza a dirigentes del mismo espacio de Macri, como Diego Santilli, Emilio Monzó y Waldo Wolff.
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Pero más llamativo aún que se haya espiado a la hermana del ex presidente, Florencia Macri, y a su pareja, el empresario italiano Salvatore Pica, a quien conoció en la isla de Cerdeña.
¿Qué interés podrían tener Arribas o Majdalani en investigar a Florencia Macri, sino hubiera sido por una orden directa del expresidente, refugiado ahora en Europa?
"Otro de los “objetivos” que tuvieron los imputados fue el empresario Salvatore Pica, pareja de Florencia Macri, hermana del ex Presidente de la Nación. Los espionajes sobre esta persona, surgen de los descargos de algunos de los imputados en sus indagatorias, de los dichos ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación y de las conversaciones entabladas por los agentes en grupos de WhatsApp y conversaciones privadas", dijeron los fiscales.
Macri ya estuvo procesado en otra causa por espionaje por el ex renunciado juez Norberto Oyarbide. La causa se cerró un par de semanas después de llegar a la Casa Rosada, en diciembre de 2015.
En ese expediente también había sido espiada otra hermana del ex mandatario, Sandra Macri, fallecida a mediados de de 2014. Si viudo, también espiado por orden de su cuñado, Néstor Leonardo, murió en 2017.
Cuando analizaron el espionaje al columnista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, los fiscales recordaron que los espías "elaboraron informes, realizaron tareas de observación en los domicilios del periodista y analizaron el contenido de sus notas periodísticas, acciones que constituyen tareas de espionaje ilegal".
Y dijeron que se trataba de "un comunicador que justamente para ese tiempo se dedicaba a realizar investigaciones periodísticas que podían dar cuenta de la participación en actos de corrupción llevados adelante por el Presidente de la Nación Mauricio Macri (caso “aportantes truchos”) y por Gustavo Arribas (Caso Odebrecht)".
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En el pedido de indagatoria los fiscales recordaron que los informes se los entregaban a Susana Martinengo, con quien se reunían en la Casa Rosada, quien a su vez se los enviaba a Nieto, el secretario de Macri.
Los fiscales aseguran que los agentes que operaban en la AFI no tenían un emprendimiento particular o que se habían cortado solos. No eran una patrulla perdida.
"Aquí nadie actuaba por cuenta propia, las características del despliegue de la actividad, demuestran que ella sólo puede ser planificada y orquestada desde la cúpula del organismo, dado su alcance y sistematicidad, lo que elimina cualquier chance de “cuentapropismo”. Se trató manifiestamente de espionaje político", dijeron.
"El riesgo asumido por la manifiesta ilegalidad, en términos de beneficio esperado, no puede ser comprendido en función de ganancias individuales buscadas por los ejecutores directos, como puede suceder en casos de corrupción de contenido patrimonial, sino que sólo adquiere sentido desde posibles ventajas político partidarias y/o electorales de las máximas autoridades de la nación", concluyeron.