31 Enero de 2017 06:04
Para la Justicia no es un apellido más. Carlos Santiago Kirchner, el primo del ex presidente, es uno de los procesados en la causa que investiga el desvío de fondos en favor de Lázaro Báez, por su rol como subsecretario de Obra Pública. Tiene un embargo por 10 mil millones y a diferencia de otros ex subsecretarios, no obtuvo la falta de mérito.
Ocurre que para la Justicia no es un simple “primo porta apellidos”, como intentó defenderse. Creen que el "primo Kirchner" , uno de los segundos de José López, fue una pieza clave en el entramado comercial que le permitió al dueño de Austral Construcciones obtener 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
El primo de Néstor Kirchner asumió en el cargo en 2005, como subsecretario de Obras Públicas.
Carlos Kirchner es acusado de integrar una asociación ilícita que buscaba apoderarse de fondos asignados a la obra pública vial, en un expediente donde además están procesadas la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex secretario de Obras Públicas, José López, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el propio Báez.
Pero la estrategia del "primo Kirchner" consistió en mencionar, por medio de su defensa y en más de una ocasión, que “sólo ocupó un cargo”, y que “es portador de apellido”. Sin embargo, según Clarín, su firma figura en varias ocasiones en el expediente, al pie de varios documentos: permisos, autorizaciones para liberar pagos y notas. Varios ex funcionarios le dijeron a la Justicia que “todo pasaba por sus manos” y que “su puesto no era menor”.
Le dijo a la Justicia que con José López tenía una relación "distante".
Cuando declaró ante Ercolini, en noviembre pasado, el "primo Kirchner" aseguró que con el ex secretario de Obras Públicas, el detenido José López, mantenía una relación distante. Sobre Báez, recordó haber tenido apenas un “contacto casual”, al igual que sus hijos.
El “otro” Kirchner fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal desde 2005. Se trata de un cargo que, entre otras cosas, incluía la autorización de los proyectos que financiaba el Ministerio de Planificación Federal.
La Unidad de Investigación Financiera pidió investigar su patrimonio por “ocultar bienes” y no explicar el crecimiento de su patrimonio. Cuando asumió en el cargo, en su declaración jurada apenas figuraban una casa y dos autos. Al cabo de varios años como funcionario, abandonó su puesto con cinco autos, cinco inmuebles y una empresa.
