El discurso se conoció hoy, pero ocurrió unos días antes de las elecciones del domingo pasado. La diputada Elisa Carrió se mostró de acuerdo en revisar condenas a represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, pero además pidió que “después de determinada edad” la prisión sea domiciliaria. Fue respaldada por la organización Puentes para la Legalidad y recibió críticas de organismos de derechos humanos que dicen que "esa posibilidad es muy baja".
Carrió sostuvo que espera “el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas”. Según la legisladora de Cambiemos, existen casos donde “no hay pruebas” y “otros juicios que tienen que quedar firmes y hay una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos: después de determinada edad, tu prisión es domiciliaria, pero lo es en todos los casos”.
Los dichos de la diputada, tuvieron la respuesta hoy mismo del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien negó que esa posibilidad estuviera en estudio.
"Descartó totalmente que estemos pensando en revisar procesos judiciales. En todo caso cada parte en su proceso podrá tener sus recursos. Si se detecta algún tipo de vicio en la sentencia se puede abrir un proceso de revisión específico pero de ahí a que haya una normativa de alcance general lo desmiento”, enfatizó Garavano en declaraciones a FM Radio Con Vos.
Las palabras de Carrió provocaron malestar en los organismos de derechos humanos. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró a BigBang que no descartaba realizar una presentación para que se investigue si los dichos de Carrió incurrieron en apología del delito “al proponer un perdón o una revisión de la cosa juzgada”. El letrado indicó que las palabras de la diputada son “parte del derrumbe moral y su quiebre del saber jurídico”.
Carrió se reunió tiempo atrás con la organización Puentes para la Legalidad, una agrupación que reúne a familiares de imputados en causas por delitos de lesa humanidad, y que denuncia “irregularidades y violaciones a los derechos humanos durante los procesos judiciales”.
Meses atrás, la Corte falló a favor del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad.
Tras las polémicas declaraciones de Carrió, el referente de Puentes para la Legalidad, Aníbal Guevara, aseguró a BigBang que existieron “violaciones al debido proceso y condenados sin pruebas”. Hijo de un exmilitar que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, Guevara indicó que tienen información de 815 detenidos por delitos cometidos durante la última dictadura que superan los dos años de la prisión preventiva, y dice que el promedio de tiempo detenidos sin condena es de seis años.
Según Guevara, esa situación es “violatoria de los derechos humanos”. “Es violatorio, llegan acusados por un delito y se los condena por otro”, señaló. “Mi padre fue elevado a juicio tras cuatro años de instrucción, lo enjuiciaron sin pruebas”, disparó. Y aseguró: “Los condenan sin participación objetiva en delitos puntuales, sin participación directa”.
“No decimos 'no hagan más juicios', denunciamos que se hacen mal, que hay inconstitucionalidades. Si la dictadura cayó en la ilegalidad, no podemos volver a caer en la ilegalidad para juzgarlos”, agregó Guevara.
Carrió pidió que se revisen las condenas por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, sostuvo esta mañana en declaraciones a FM Blue que existe un “problema contrario” al que definió Carrió. “Pese a la cantidad de pruebas no se llega a una condena porque la Justicia avanza muy lento”, indicó. Y agregó: “Dudo que Carrió haya tenido acceso a una posición distinta a la de los victimarios para hacer esa afirmación”.
En su acto de campaña, la diputada oficialista había dicho que “el kirchnerismo usó esto como venganza” y que “a determinada edad, la prisión puede ser domiciliaria”. “No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Los derechos humanos son para todos”.
Garavano admitió que “hay un problema con personas muy mayores en cárceles”, pero el ministro precisó que “la prisión domiciliaria está funcionando muy bien con unas tobilleras”, y, tras sostener que hay “muy bajo uso de ese beneficio”, aclaró que “hay más de 700 personas mayores de 70 años” en cárceles en condiciones de acceder a ese beneficio, de los cuáles “la mitad son militares”, afirmó.
Barcesat aclaró que “ninguno de los hechos atroces y aberrantes es susceptible de amnistía, indulto o beneficio establecido en las normas del procedimiento legal”.
Por su parte, Iud manifestó que “la posibilidad de que haya una persona condenada sin pruebas es muy baja”, y señaló que “todos tienen sus abogados defensores, hay fiscales que se encargan de controlar la idoneidad del proceso, los jueces no tienen una identificación con las víctimas. No tengo dudas que la afirmación de Carrió es falsa”.