Caso D'Alessio: Bonadio, Oliveto y Carrió fueron querellados y el juez Ramos Padilla los invitó a declarar

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, notificó a su par Claudio Bonadio y a las diputadas Paula Oliveto, Elisa “Lilita” Carrió y Mariana Zuvic que fueron querelladas en el marco de la causa donde se investiga una asociación ilícita que se dedicaba a espiar y extorsionar de manera ilegal que tiene como principal procesado al falso abogado Marcelo D'Alessio.

Ramos Padilla notificó a Bonadio, y las diputadas de la Coalición Cívica Oliveto, Carrió y Zuvic que fueron querelladas en el marco de la megacausa donde se investigan treinta maniobras de espionaje ilegal, extorsiones y coacciones a empresarios, periodistas, abogados y políticos. Además, los “invitó” a presentarse en el juzgado de Dolores para “prestar declaración, aclarar los hechos y/o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes”.

El magistrado detalló que en las pruebas recolectadas desde el inicio del expediente, el 28 de enero pasado, aparecieron muchas personas involucradas, “algunos de ellos funcionarios públicos”, y que se debe “garantizar la posibilidad de realizar las aclaraciones que estimen pertinentes, indicar pruebas que a su juicio puedan ser útiles, designar abogado y en definitiva ejercer del modo más amplio sus derechos”.

Entre las treinta maniobras que detalló Ramos Padilla en la resolución a la que accedió BigBang se encuentran operaciones de lavado de activos mediante transferencias internacionales millonarias, por las que D'Alessio había sido citado a indagatoria para esta mañana. También el espionaje a abogados y empresarios, una operación sobre la banda narco Los Monos, y la denominada “Operación Fantino-CFK”. También el envío de información a la diputada Oliveto, una de las querelladas.

OBJETO PROCESAL

En la resolución, Ramos Padilla detalló cuál es el objeto procesal y dio un panorama general de los ejes de la causa, tal como le había exigido la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en mayo pasado, cuando ratificó la competencia del juzgado de Dolores en el expediente.

El juez aclaró que “se investiga una organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior”. Pero además, remarca que no se trata de “un simple grupo de estafadores o extorsionadores”, sino de un grupo de personas que mediante sus acciones “afectan instituciones del sistema democrático”. En febrero pasado, Ramos Padilla había detallado en un escrito que las maniobras de espionaje pudieron haber puesto en riesgo el Estado de derecho y la democracia en la Argentina.

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MODUS OPERANDI

Para el juez, el modus operandi de la asociación ilícita que tiene como principal procesado a D'Alessio era múltiple: había obtención y producción de información de inteligencia; realización de actividades de inteligencia para influir en la vida personal, la situación institucional y la vida política del país.

También la realización de investigaciones criminales sin poseer facultades legales para hacerlo; captación de comunicaciones sin autorización legal; obtención de información confidencial por medios ilícitos; y la implementación de técnicas basadas en la manipulación de información, mediante estrategias intimidatorias para coaccionar a terceras personas.

CÓMO SIGUE LA CAUSA QUE SACUDE A LA JUSTICIA

El juez Ramos Padilla le solicitó al fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, a las 12 querellas y a los once que pretenden ser querellantes que identifiquen la existencia de nuevos hechos y planes delictivos de la asociación ilícita que se investiga, así como los alcances, las posibles víctimas, los autores, partícipes y encubridores. 

Mientras tanto, en 15 días se espera la declaración indagatoria del periodista Daniel Santoro, del diario Clarín, a quien el juez investiga por sus vínculos con D'Alessio y la asociación ilícita. El juez cree que el periodista de judiciales tenía conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que hacía el falso abogado, así como los métodos, y que "contribuía al desarrollo de los planes ilícitos que llevaba a cabo la organización". En un descargo publicado en Clarín, Santoro señaló que el llamado a indagatoria "supone un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo", y negó haber formado parte de las operaciones a los empresarios Gabriel Brusa Dovat, de PVSA, y al empresario Mario Cifuentes, ambos denunciantes de D'Alessio.