03 Noviembre de 2016 16:10
El juez federal Ariel Lijo avanza con su investigación sobre las fundaciones encabezadas por figuras del macrismo con la intención de determinar si a través de esa organizaciones se canalizaron fondos supuestamente ilegales para financiar actividades políticas del PRO y de Cambiemos, con una serie de medidas que ordenó en las últimas.
Las órdenes dictadas por el juez alcanzan a la Fundación Pericles, encabezada por Fabián Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y uno de los asesores en temas judiciales del presidente Macri; la Fundación Formar, encabezada por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y la Fundación Fundar, Justicia y Seguridad, que dirige el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.
El juez envió una orden al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para se levante el secreto bancario de las tres entidades y que se pida a todos los bancos que informen si “registran cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etc.), así como también si se han registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física.
En caso afirmativo, deberá hacer saber todos los productos y/o servicios contratados; detalle de todos los co titulares, firmantes y apoderados (y de corresponder, accionistas, directores y representantes declarados en la documentación bancaria y/o los registrados en el sistema informático de la entidad), debiéndose informar sus datos filiatorios (nombre, apellido, tipo y número de documento, nacionalidad, domicilio, etc.)”.
Lijo pidió informes sobre la fundación de Dietrich.
El BCRA además deberá informar “la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario. En el supuesto que se registre a personas jurídicas como ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria deberá detallar la razón social, número de CUIT, accionistas, directorio, representantes y domicilios”.
El juez también pidió a los apoderados de las fundaciones Pericles, Formar y Fundar que les remitan al juzgado “la totalidad de los libros diarios, libros caja, libros de inventario y balance, y libros de actas”. Lijo ordenó a la Gendarmería Nacional que se encargue de realizar los diligencias pertinentes.
La medida fue ordenada en la causa por que se investiga el origen de los fondos robados en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la noche de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 22 de noviembre de 2015, cuando estaba en el bunker de Cambiemos celebrando la victoria.
La fundación de Burzaco también es investigada.
Michetti sostuvo que le robaron 45 mil pesos en efectivo que tenía en su domicilio para pagar diversos arreglos, 50 mil dólares que le había prestado su novio para afrontar una maestría que su hijo quería realizar en el exterior y 189.500 pesos de una colecta que dijo se había hecho entre conocidos y amigos para hacer frente a los gastos de la cena anual de la Fundación Suma, presidida por Michetti.
La vicepresidenta llevó una lista al juzgado de quienes habían aportado dinero en efectivo para la cena de la fundación, En la lista aparecen, entre otros el senador Federido Pinedo, el embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro; el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios públicos desde que asumió el nuevo gobierno. A los cuatro les envió un pliego de preguntas para que contesten por escrito en un plazo de quince días.
Las dos últimas testigos que declararon en la causa son amigas de Silvina Michetti, la hermana de la vicepresidenta. Claudia del Valle Nunia y Marta Ofelia Mangas coincidieron en declarar que hicieron una donación de cinco mil pesos en efectivo para la cena de Suma, luego de una reunión que se hizo en la casa de Silvina. Las dos dijeron que no les hicieron recibo por la donación, algo en lo que coincidieron todos los testigos aportados por la vicepresidenta.
Eduardo Gutiérrez con su pareja en la cena de la Fundación Suma.
El ojo en Pericles y en Farallón
El juez Lijo también puso el foco en el Grupo Farallón, encabezado por el empresario Eduardo Gutiérrez, procesado como supuesto testaferro del ex secretario de Obras Públicas José López. Y también pidió más informes sobre la fundación Pericles, que encabeza "Pepín" Rodríguez Simón, el amigo del presidente Macri.
En un escrito que envió a la AFIP reclamó que, con carácter urgente “remita los antecedentes registrales y la totalidad de las constancia presentadas por la “Fundación Pericles para la defensa de la inclusión social y promoción de valores republicanos” (CUIT N° 30-71231695-7) y por el “Grupo Farallón Desarrollos Inmobiliarios S.A.” (CUIT N° 30-70705237-2), así como también que informe, respecto del ejercicio correspondiente al año 2015, si la primera ha sido beneficiaria de donaciones realizadas por terceros contribuyentes, y si el segundo ha efectuado donación alguna; debiendo, en caso afirmativo, remitir todas las constancias que a ese respecto obren en sus registros”.
En la misma línea, reclamó a la Unidad Información Financiera que Unidad que “comunique si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado investigación alguna relativa a operaciones de lavado de dinero con relación a la actividad financiera” de
Pericles y de Farrallón “debiendo, en tal caso, remitir la documentación correspondiente. Además, hágasele saber que deberá informar si ha recibido reportes por parte de las Unidades de Información Financiera de otros países en relación a las personas jurídicas mencionadas”.
