El fotoperiodista Pablo Grillo permanece internado en estado crítico en el Hospital Ramos Mejía tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza durante la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo. La manifestación, que se desarrollaba en apoyo a las y los jubilados y contó con la presencia de hinchas de fútbol, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, dejando a Grillo gravemente herido; ahora su familia reclama justicia y va por todo para denunciar el aparato represivo de Patricia Bullrich.
La familia del joven fotógrafo, oriundo de Lanús, presentó una querella ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para exigir que se investiguen las responsabilidades penales derivadas del operativo de seguridad desplegado ese día. Respaldados por las abogadas Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, los familiares buscan esclarecer los hechos y determinar tanto las responsabilidades individuales como las políticas.
En un comunicado difundido tras una conferencia de prensa realizada en las puertas del hospital, Cesaroni señaló: "Indicamos la responsabilidad, por lo que tenemos hasta ahora, del cabo primero Guerrero, en lo que definimos como una tentativa de homicidio agravado". Según una investigación independiente llevada a cabo por el colectivo Mapa de la Policía, Guerrero habría sido el autor del disparo que impactó directamente en la cabeza de Grillo. Este accionar, subrayaron las abogadas, violó normativas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas y, especialmente, hacia la cabeza o el rostro.
El incidente ocurrió a las 17:18 horas en la calle Hipólito Yrigoyen. De acuerdo con testimonios y registros, los hechos represivos comenzaron incluso antes del horario oficial de convocatoria de jubilados y jubiladas. En ese contexto, Grillo fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno mientras cubría la manifestación como parte de su labor periodística. Quedó inconsciente en plena vía pública y fue asistido por militantes hasta que una ambulancia lo trasladó al hospital. Desde entonces, su estado de salud ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas para tratar los daños ocasionados.
En un escrito de 22 páginas presentado ante la Justicia, la familia solicitó medidas de prueba clave para avanzar en la investigación. Entre ellas se incluyen la revisión de las modulaciones de los equipos del personal que participó en el operativo, el listado completo del personal desplegado, los protocolos de actuación, las comunicaciones radiales y las órdenes de servicio emitidas ese día. También pidieron detalles sobre el armamento y las municiones utilizadas, así como los registros audiovisuales crudos capturados por medios de comunicación. Además, enfatizaron la necesidad de conocer las órdenes específicas impartidas al personal en la calle.
Las abogadas Litvachky y Cesaroni señalaron que entre las responsabilidades a investigar figuran las de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el director nacional de la Gendarmería Nacional (GNA), Claudio Miguel Brilloni; el jefe del Destacamento Móvil 6 de GNA, Héctor Ferreira; y el jefe del comando región I de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Fabián Porra Melconian. Según indicaron en su presentación judicial, estas autoridades deben responder por su rol jerárquico en garantizar que una manifestación se desarrolle sin violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
"El ataque contra Pablo Grillo debe ser investigado con profundidad. Él es un trabajador de prensa que fue víctima de un delito de acción pública cometido presuntamente por un efectivo de la Gendarmería Nacional durante una protesta social", expresaron las abogadas. En ese sentido, solicitaron que Guerrero sea convocado a declarar como imputado por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso de Pablo Grillo ha generado amplio repudio por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos así como también la represión durante protestas sociales sigue siendo un tema de alta sensibilidad en el país, y este episodio reaviva el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado dirigido por Javier Milei y comandado por Patricia Bullrich. Mientras tanto, el fotoperiodista lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía, aunque su padre Fabián contó que ya se despertó, que su evolución es favorable y que hasta lo reconoció y le dijo: "Hola, viejo".