En el marco de la causa Vialidad, por la cual recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación, la fiscalía pedirá agravar la pena sobre la ex vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras que otorgó a favor del empresario Lázaro Báez, en el marco de las audiencias por la revisión del fallo que dictó el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre del 2022 y que llevará adelante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en los tribunales de Comodoro Py.
Recordemos que el Tribunal Oral Federal 2, que estaba a cargo de la investigación de la denominada "causa vialidad", había dado el veredicto para los acusados, entre los que se encontraban la ex presidenta y otros 12 imputados, en dieiembre del 2022. Entre los acusados estaban el empresario Lázaro Báez, para quien habían pedido 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas y Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad.
También habían sido juzgados Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
De esta forma, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu dieron su veredicto más allá de las coincidencias o discrepancias políticas con la ex vicepresidenta y la condenaron a 6 años de prisión e inhabilitación por administración fraudulenta. Los otros condenados fueron:
- Báez, 6 años de prisión, por administración fraudulenta.
- Mauricio Collareda, 4 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta.
- Raúl Daruich, 3 años de prisión y seis años
- José López, 6 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- Raúl Pavesi, cuatro años y seis meses e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- Nelson Periotti, 6 años de prisión
- José Santibañez, 4 años de prisión
- Juan Carlos Villafañe, 5 años de prisión
- Carlos Santiago Kirchner, sobreseído por incumplimiento de funcionario público y absuelto por asociación ilícita.
- Claudio Abel Fatala, Absuelto sin costas.
Por otra parte, el Tribunal había absuelto a CFK, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Finalmente, el TOF 2 decidió absolver a Julio De Vido y a otros acusados, de acuerdo con el artículo 530 del código procesal de la Nación, en la investigación por la administración de la obra pública en Santa Cruz. Tras las condenas, el juzgado ordenó el decomiso de algo más de 84 mil millones de pesos a los condenados en el juicio por la obra pública denominado "Vialidad", actualizados al momento en que quede firme el fallo.
Este lunes, el fiscal Mario Villar solicitará ante la Cámara Federal de Casación Penal agravar la pena sobre la ex vicepresidenta por el delito de asociación ilícita y que pase de 6 a 12 años de prisión. Villar sostendrá el pedido que hicieron en juicio los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes reclamaban que existió una asociación ilícita ya que las 51 obras que desde el Poder Ejecutivo que comandaba Cristina Kirchner se otorgaron en licitación al empresario Lázaro Báez son distintos hechos, no uno solo.
Además, que la "asociación" funcionó en forma estable y permanente dentro de la "estructura administrativa estatal y fuera de ella", requisitos típicos de una asociación ilícita. El Tribunal integrado en el caso por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña podrá ratificar la pena, agravarla o bien anularla tal cual pide la defensa, cuya instancia será del 7 de marzo próximo donde la defensa podrá alegar por su lado.
En total serán seis audiencias fijadas por el Tribunal para escuchar los argumentos del todas las partes siendo la última el 4 de abril con la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, tras la cual quedará en condiciones de resolver. Más allá que Cristina Kirchner ya no cuenta con fueros, de ser ratificada su pena aún queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la defensa puede interponer un recurso extraordinario federal.
La audiencia que comenzará este lunes será la primera de un total de seis que se llevarán a cabo el jueves 29 de febrero, el 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril. Se espera que la defensa de la ex mandataria se lleve adelante en la audiencia del 7 del próximo mes. Cabe destacar que cuatro meses después de ser condenada, Cristina le había pedido a la Cámara Federal de Casación Penal su absolución al considerar que el fallo en su contra constituía un "supuesto de enorme gravedad institucional".
La vicepresidenta había realizado aquella petición a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes manifestaron que en base a la causa, Fernández de Kirchner fue "injustamente condenada. "Pedimos dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas. Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cuales se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular", habían manifestado los abogados de CFK.
Además, agregaron: "Mantenemos las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes. Se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una sostenible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes".
En la misma línea, y en contra de quienes tienen la autoridad para tomar las decisiones finales, Belardi y Llenovoy habían expresado: "Los jueces sentenciantes asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional. Se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley".
También que "se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada". Y por último, los abogados habían hecho dos solicitudes. En una primera parte "al tribunal oral, que conceda esta impugnación y eleve las actuaciones al Superior en la forma de estilo, sin más trámite". El otro pedido fue "a la Cámara Federal de Casación Penal, que case la resolución recurrida en todo cuando ha sido materia de impugnación y por corresponder disponga absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas".