El nuevo cuadro tarifario del gas que el Gobierno nacional presentará en la audiencia pública del 16 de septiembre contempla un incremento promedio para los usuarios residenciales del 203% a partir del 1 de octubre, con un esquema de ajustes semestrales inferiores al 10 por ciento hasta octubre de 2019.
Así lo planteó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al anticipar los detalles del nuevo esquema tarifario que impulsará el Gobierno tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró nulas las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía.
El nuevo esquema será presentado por el ministro Aranguren.
Este nuevo esquema, que será presentado hoy por Aranguren a los jefes de los distintos bloques legislativos y a los gremios del sector energético y defensores del pueblo de todo el país, contempla un nuevo precio para el gas a boca de pozo, que pasará desde 1,29 dólar por millón de BTU actual a 3,42 dólar por MBTU.
El primer incremento que el Gobierno no pudo aplicar por el fallo de la Corte contemplaba un precio de 4,72 dólares por MBTU y representaba un incremento promedio del 330 por ciento.
El cuadro contempla un incremento promedio del 203 por ciento para usuarios residenciales.
A pesar de esa proyección, en la práctica la suba reflejó incrementos de hasta más del 1.000 por ciento, lo que disparó la presentación de numerosos amparos judiciales en todo el país.
Aranguren explicó que para cumplir con el mandato de la Corte de “hacer gradual y previsible” los incrementos, se dispondrán aumentos semestrales a partir del 1 de abril de 2017 y hasta el 1 de octubre de 2019 que permitan alcanzar un precio de 6,78 dólares por MBTU.
El fallo de la Corte privó al Gobierno de aplicar un aumento promedio del 330 por ciento.
A partir de esta gradualidad, la eliminación de subsidios será realizada de manera paulatina, comenzando con una cobertura del 50% el 1 de octubre próximo hasta su eliminación total con la boleta que comenzará a regir el 1° de octubre de 2019.
El esquema que se presentará en la audiencia del 16 de septiembre no contempla modificaciones a la situación de los usuarios comerciales, los que -según aseveró Aranguren- se mantendrán con el tope del 500 por ciento dispuesto en la Resolución 129/2016.
El esquema que se presentará en la audiencia no contempla modificaciones a los usuarios comerciales.
El fallo de la Corte Suprema que anuló la suba se focalizó tan sólo en los usuarios residenciales, sin contemplar a las industrias, comercios y otros tipos de organizaciones.
La audiencia del 16 de septiembre permitirá al Gobierno presentar solamente los incrementos de los precios del gas a boca de pozo, mientras que en la de octubre próximo se realizará la revisión integral tarifaria.
Aranguren señaló además que el incremento promedio del 203% a partir del 1 de octubre próximo explica la variación del boca de pozo de 2014 y el esquema de costos de operación e inversión que en abril presentaron las dos transportadoras existentes y las nueve distribuidoras existentes en el país.
El trabajo contempla un esquema diferenciado para los usuarios residenciales de las provincias patagónicas, cuyas tarifas de gas a boca de pozo no fueron actualizadas desde 2001 por amparos provinciales y excepciones legislativas, y cuyo esquema de actualización demandará tres años más, hasta octubre de 2022.
Los precios
Una factura media por usuario mensual no patagónico será de 107 pesos (50 pesos en los casos de tarifa social) para las categorias R1, R21, R22 y R23.
Para los usuarios R31, R32 y R33 será de 371 pesos (130 pesos para tarifa social).
En la categoría R34 será de 953 pesos promedio.
La redefinición tarifaria que el Gobierno aplicará a partir del primero de octubre no prevé tope alguno, según aseguró Aranguren. En el Ministerio de Energía informaron que hasta el momento hay 325 inscriptos a la Audiencia Pública del 16 de septiembre, que se realizará en la Usina del Arte del barrio de La Boca.
Hasta ahora hay 325 inscriptos para la audiencia pública en La Usina del Arte, en La Boca.
Concluida la audiencia pública, el Ministerio tendrá un plazo de 10 días para presentar el informe de la misma y otros 30 para dar a conocer la resolución sobre las consideraciones recogidas.
Aranguren consideró que el nuevo esquema tarifario propone “una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años”, al tiempo que permitirá “mantener la protección sobre los más sectores vulnerables al asegurar que la tarifa social llegue a quien la necesita”.