El ex agente de los servicios de Inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso será buscado por Interpol por pedido de la Justicia. El oficio de “índice azul”, emitido para buscar personas vinculadas a investigaciones judiciales, fue requerido ayer por Sabrina Namer, representante del Ministerio Público Fiscal en la UFI-AMIA. Quieren que aporte datos en la investigación que investiga el atentado a la AMIA.
Buscan que Stiuso brinde información sobre la investigación que realizó junto al fiscal Alberto Nisman.
El pedido de localización no es la única presión que afronta por estas horas el ex espía denunciado por el Poder Ejecutivo y apartado de su cargo en diciembre. Según publicaron La Nación y NA, el fiscal Franco Picardi requirió al juez federal Luis Rodríguez que convoque a Stiuso, a quien acusa de haber intentado “engañar” a las autoridades de la ex SIDE y al Poder Judicial, con el objetivo de autorizar interceptaciones de comunicaciones, contrarias a los requerimientos de la Ley Nacional de Inteligencia.
El ex espía es requerido, también, en una causa que lo investiga por interceptaciones telefónicas ilegales.
En particular, se investiga la intervención de 20 abonados telefónicos y correos electrónicos de la sucursal de la firma británica de seguridad privada Dark Star Security, por supuestas actividades de espionaje. Las escuchas, afirman, continuaron durante tres años, a pesar de que el fiscal Federico Delgado había afirmado que no existían elementos respecto de que hubieran existido esas actividades ilegales.
La presidente Cristina Fernández de Kirchner apartó en diciembre a Stiuso de su cargo en la SIDE.
Según informó el sitio Fiscales.gob.ar, Picardi destacó que “mediante actos engañosos, materializados en información espuria, instrumentada en distintas actuaciones, que habrían dado cuenta de actividades de espionaje y contraespionaje en la República y en beneficio de potencias extranjeras”. Stiuso logró “inducir a error a las altas autoridades de la ex Secretaría de Inteligencia, como así también del Poder Judicial de la Nación, para la obtención de sucesivas autorizaciones para llevar adelante interceptaciones de comunicaciones”.
El pedido de localización de INTERPOL fue realizado por el Ministerio Público Fiscal en la UFI-AMIA.
Para Picardi, el ex espía de los servicios de Inteligencia, “sería responsable, como funcionario público, de haber interceptado indebidamente comunicaciones telefónicas con posterioridad al 23 de febrero de 2012, cuando venció el plazo legal de 60 días, que el juez debía renovar.