La secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia pidió hoy penas de prisión perpetua para 51 de los 54 procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el marco de la Causa ESMA III . Entre los procesados están Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz. La causa 012 está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5. Para los otros tres procesados, los abogados Lucía Gómez Fernández y Hugo Oyarzo reclamaron penas de 10 a 25 años de prisión.
En el centro de la imagen, Jorge “Tigre” Acosta, el hombre que manejaba el Grupo de Tareas 3.3.2
En este juicio son querellantes: los familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes; representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil (Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación de ex detenidos-desaparecidos por Razones Políticas, CAJ, FIDELA) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La querella que representa al ministerio de Justicia concluyó que la mayoría de los acusados cometió delitos “aberrantes”, tales como múltiples homicidios, privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, abusos sexuales y robos, entre otros.
Algunos de los ex marinos que tuvieron roles protagónicos en el Centro Clandestino de Detención de la ex ESMA.
Los pedidos de prisión perpetua también alcanzaron a los sindicados como pilotos de los denominados “vuelos de la muerte”, en los que detenidos eran drogados y posteriormente arrojados desde aviones al Río de la Plata. Los abogados de la Secretaría reclamaron también que se les revoque la prisión domiciliaria a quienes gozan de este beneficio y que se notifique la sentencia al Ministerio de Defensa para la destitución de quienes tienen cargo militar.
Antes de formular su pedido de penas, los abogados sostuvieron que los delitos cometidos en la órbita de la ESMA “son imprescriptibles” y pueden ser perseguidos judicialmente “mientras vivan sus responsables”.
Gómez Fernández afirmó esta mañana que los hechos “aberrantes” registrados en la ESMA fueron “parte del genocidio que se cometió en nuestro país”, durante el período comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.
Julio César Coronel y Alfredo Astiz, en el banquillo de los acusados.
Sobre el Grupo de Tareas 3.3.2, que actuó en la ESMA, la letrada concluyó que formó parte del “plan sistemático” para la “destrucción de una parte de la sociedad” integrada por quienes los mismos represores encuadraron como “subversivos”. Agregó que detrás del objetivo de “exterminar a (miembros de) Montoneros, los “perpetradores” de la represión “incluyeron a otros grupos y familiares”, quienes “en muchos casos no pertenecían” a esa organización.
La doctora Gómez Fernández citó también el criterio de uno de los jueces del TOF 5, que en un caso anterior evaluó la posibilidad de un “politicidio”, como la forma de la forma de “anulación programada de un grupo político” con ideas opuestas a la de un régimen dominante.
El presdiente Macri visitó, hace pocos días, lo que se dio en llamar “capucha”, el lugar donde permanecían
acostados y engrillados los detenidos. Macri asistió acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Al principio de su alegato, hace un par de semanas, esta querella sostuvo que el contexto en el que se produjo la represión durante la última dictadura militar “no fue el de una guerra”, sino que se trató de “un plan para la eliminación de la militancia”.
Acotó entonces que “las víctimas no eran apresadas en combate”, sino “asesinadas” o “secuestradas” y trasladadas a centros de detención clandestinos, entre ellos el que funcionó en la ex ESMA.
Una de las primeras fotos del lugar de detención en el Casino de Oficiales de la ex ESMA.
El TOF 5, integrado por Bruglia, Daniel Obligado y Adriana Palotti, está a cargo del juicio que se realiza en los tribunales federales de Comodoro Py. Antes del alegato de la secretaria de Derechos Humanos, la fiscal Mercedes Soiza Reilly pidió prisión perpetua para 52 represores. En el juicio se sometieron a debate oral y público hechos que involucran, al menos, a 789 víctimas.
Este juicio es el tercero por delitos cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar. El primero, en diciembre de 2007, quedó inconcluso, porque el único procesado, el prefecto Héctor Febres, murió un día antes de la lectura de la sentencia.
La ex presidenta Cristina Kirchner también visitó “capucha” durante su mandato.
El segundo juicio comenzó a fines de 2009 y terminó con el dictado de prisión perpetua para 14 de los procesados: Acosta, Astiz, Ricardo Cavallo, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Adolfo Donda, Raúl Scheller, Alberto González, Julio Coronel, Ernesto Weber y Néstor Omar Savio.
En ese juicio Juan Carlos Fotea, ex sargento de la policía federal, fue condenado a 25 años de prisión; Carlos Capdevilla, a 20 y Juan Antonio Azic a 18; en tanto que los ex marinos Juan Rolón y Pablo García Velasco fueron absueltos.