30 Junio de 2017 12:15
El juez federal Julián Ercolini ordenó intervenir un hotel de Cristina Kirchner en el marco de la causa Hotesur, que tiene en sus manos. Dispuso la inhibición general de bienes y que las empresas que tienen en sus manos el control de los hoteles no puedan modificar su composición accionaria. Designarán veedores informantes.
La intervención al hotel Alto Calafate, propiedad de la ex mandataria y sus hijos Máximo y Florencia, se llevará a cabo a través de una veeduría que estará a cargo de un equipo de la AFIP. La decisión del magistrado surge luego de un pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que solicitaron intervenir Hotesur, la firma propietaria del hotel.
Además, se intervendrán las firmas Valle Mitre, de Lázaro Báez, e Idea SA, de Osvaldo Sanfelice, ya que ambas empresas tuvieron la administración del complejo Alto Calafate, La Aldea del Chaltén y la Hostería Las Dunas
El Hotel Alto Calafate, la nave insignia del presunto delito que investiga el juez.
Ercolini ordenó hoy la intervención, en un esquema similar al que dispuso tiempo atrás el juez federal Sebastián Casanello en la empresa Austral Construcciones, de Báez, en el marco de la causa que investiga la Ruta del Dinero K. De todos modos, aún Ercolini no llamó a indagatoria a la ex mandataria ni sus hijos.
Los fiscales Pollicita y Mahiques fundamentaron su pedido de intervención en que se trata de “la medida cautelar más adecuada” para “desplazar a los titulares que se encuentran sospechados de lavado de dinero” y “procurar una efectiva fiscalización de la actividad de las firmas”.
Cristina, complicada judicialmente.
De esta manera, se busca una “correcta identificación, localización, inventario y valuación de los bienes” y “proceder a la recaudación de las ganancias de la actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia Kirchner, como Sanfelice, continúan obteniendo”.
Cristina Kirchner será candidata a senadora por el frente Unidad Ciudadana.
“Los veedores informantes deberán dirigir su actuación con la finalidad de procurar la fiscalización de las firmas, determinar el estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión y los pormenores de los negocios y actividades que aquellas realicen”, se desprende de la decisión de Ercolini.
También señala que la intervención deberá vigilar la conservación de los activos y cuidar “que los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo, comprobar entradas y gastos, y toda irregularidad que adviertan en la administración, para lo cual deberá dar cuenta de sus observaciones mensualmente”.
