08 Diciembre de 2022 12:58
Comenzó el Operativo "Entreguen los celulares" del Gobierno nacional a los involucrados en la estadía en una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre pasado. Por instrucción del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", en la que pidió que se entreguen "los aparatos de telefonía celular de todos los implicados", de ser necesario "el secuestro de los mismos aparatos".
Los imputados son:
Jorge Rendo: CEO del Grupo Clarín. Pablo Casey: director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Organizador del viaje y creador del grupo de Telegram. Pablo Yadarola: juez titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 2. Julián Ercolini: juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Cayssials: juez titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9. Carlos Mahiques: juez de Casación y ex funcionario de María Eugenia Vidal. Marcelo D'Alessandro: ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Tomás Reinke: empresario especialista en campañas digitales. Leonardo Bergroth: ex jefe de Legales de la SIDE.
El Gobierno nacional denunció este miércoles por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas" luego de que trascendiera la noticia de que el viaje existió y que los involucrados hayan creado un grupo de Telegram para tratar de dar una explicación del motivo y el financiamento de este viaje. El grupo lo había creado Casey luego de que Página 12 diera a conocer el viaje y en la misma línea de la primera denuncia en Bariloche, basada en la publicación, que fue presentada por el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco.
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Varios de los integrantes del "retiro espiritual" se mostraban preocupados por la posible existencia de imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto de la ciudad de Río Negro en la que podrían verse al contingente junto al presidente de la estancia "Hidden Lake SA", Nicolás Van Ditmar. Por eso se pusieron a pensar y acordaron que la mejor salida "para evitar que los acusen de algo" era presentar facturas truchas, ara hacer de cuenta que los propios jueces y funcionarios se habían pagado el viaje.
El dictamen firmado este martes de la fiscal local, Cándida Echepare demuestra todo ese material que preocupaba a los protagonistas. Hay registros visuales y facturas con fecha desfasadas. El documento que presentó a la jueza de esa ciudad Silvina Domínguez imputa a todos los involucrados en una causa penal por ese viaje y estadía, impulsando la investigación por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica de documento público.
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La fiscal remarcó también que, al declarar como testigo, Van Ditmar aludió siempre a los ocho pasajeros del vuelo privado que fue a esperar al aeropuerto de Bariloche y que omitió mencionar a los otros dos, los directivos del Grupo Clarín, que llegaron en un vuelo comercial de manera casi simultánea y respecto de quienes "no se emitió factura alguna". Etchepare dispuso medidas previas y advirtió que “llama la atención” que las facturas que se le presentaron por el viaje fueron pagadas “al contado” el “mismo día del vuelo”, el 13 de octubre pasado.
El informe de la fiscalía descarta que el contingente se haya juntado con Mauricio Macri y/o su amigo Lewis. En este sentido, concluye que podría haber "un ilícito penal" porque jueces, un ministro y empresarios se reunieron con dos poderosos de medios de comunicación nacional y la reunión fue evidentemente ocultada.
Los denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas (corrupción) son Ercolini, Mahiques, Yadarola, Cayssials y D' Alessandro. Por su parte, Rendo, Van Ditmar, Bergoth y Reinke están acusados por ofrecimientos de dádivas.
