Después de muchas idas y vueltas, y especulaciones alrededor del tema, finalmente la situación en el AFSCA llegó su fin luego de que el juez federal Julián Ercolini ordenara allanar la sede de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual e intimara a retirarse a quienes se encontraban en el edificio bajo apercibimiento de desalojarlo con la Policía Federal en caso de ser necesario.
Al salir, Sabbatella afirmó: “Hay una orden del juez Ercolini, ha llegado el comisario con la policía federal a cumplir la orden, que es un allanamiento. Se tiene que desocupar el edificio y quedan ellos a cargo, y la discusión que siguió es quién es el responsable del edificio y el responsable de la aplicación de la ley de comunicación audiovisual y de las medidas que se toman en el organismo. Bajo ningún punto de vista está en discusión el cumplimiento de la ley”.
“Está suspendiendo la aplicación de la ley y nos parece una barbaridad. El juez es consciente que este desaolojo implica la suspensión de la ley con sus consecuencias para los 44 millones de habitantes, todo lo que genera una ley, pero bajo ningún punto de vista queremos incumplir una orden. El juez no puede suspender la aplicación de la ley”, agregó.
“Ahora está en discusión si lo va a dirigir un interventor o el directorio elegido a nuestro entender con mandato de cuatro años. Más allá de esa discusión, lo que no está en discusión es la ley y la vigencia del organismo, está clausurando un organismo público de la democracia”, continuó, para luego disparar contra el nuevo Gobierno.
“Violentar las instituciones ya no tiene límite, ¿cuando van a frenar?, es un delirio lo que está sucediendo. Alguien tiene que ordenar esto, quieren violar la ley vía decreto, están locos, no tienen límites”, remarcó.
Ercolini hizo lugar a las medidas pedidas por el fiscal federal Carlos Stornelli, impulsando la denuncia presentada por el designado interventor del organismo, Agustín Ignacio Garzón, contra quien fue hasta ahora titular de la Afcsa, Martín Sabbatella.
Tras discutir durante largo rato con los efectivos de la comisaría 3ra, Sabbatella se retiró del edificio ubicado en Suipacha al 700. “Hay una parte del Poder Judicial que es cómplice de poderes concentrados que quieren violar la ley”, lanzó antes de dejar el organismo.
“Ahora pareciera ser que hay una orden del juez que no la hemos visto, pero vamos a cumplir con cualquier orden judicial como siempre, cuando estamos de acuerdo y cuando no”, había expresado Sabbatella al llegar a la institución, minutos después de conocerse la decisión de Ercolini.
“Hay una orden judicial de un juez que en 20 horas resolvió el planteo que le hizo un señor y hace 5 años y medio tiene parada la causa de Papel Prensa”, disparó contra el juez a cargo de la causa, al recordar que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “estuvo suspendida durante cuatro años por diferentes medidas cautelares”.
Sabattella agregó que “ante un decreto que entendimos ilegal planteamos un hábeas corpus preventivo para garantizar que los trabajadores y trabajadoras puedan cumplir sus funciones”.
Y agregó que también pidieron amparo “porque no es un área más del Poder Ejecutivo, hay mecanismos de remoción para que las autoridades del organismo no estén a tiro de decreto”.
En la resolución, Ercolini ordenó las medidas con el fin de “preservar el patrimonio” del Estado Nacional, al tiempo que aclaró que está pendiente en otro fuero, el Contencioso administrativo federal, resolver si el decreto de intervención del organismo es o no válido.
“Sin perjuicio de la solución a que se arribe en el fuero contencioso administrativo federal, pudiendo estar en riesgo los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, así como documentación relativa al organismo, y hasta tanto se resuelva la cuestión por los canales políticos y judiciales competentes, corresponde realizar medidas urgentes orientadas a asegurar y preservar dichos bienes”, advirtió el magistrado.
Por ello “resulta indispensable ordenar el registro del lugar, intimar a los presentes a retirarse por sus propios medios inmediatamente del edificio, y en la eventualidad proceder al desalojo”, ordenó.
Además, dispuso realizar “una exhaustiva constatación del estado de los bienes del Estado que se encuentren en el lugar, dejando la debida consigna policial tendiente a garantizar que cesen los efectos de los delitos denunciados”.
Las disposiciones del juez son “hasta tanto se resuelva en forma definitiva la cuestión que hace a la legitimidad de las medidas adoptadas” por el Gobierno.