30 Enero de 2017 05:55
Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Julio De Vido esperan el fin de la feria judicial para apelar los procesamientos y embargos millonarios que trabó el juez Julián Ercolini en la causa que investiga irregularidades en la asignación de obra pública durante el kirchnerismo.
La ex mandataria apelará el procesamiento de la Justicia.
Así, la ex mandataria y el ex ministro de Planificación Federal serán los primeros en apuntar contra la auditoría de Vialidad Nacional que los señaló como los responsables de direccionar intencionalmente la obra pública hacia el detenido empresario.
En ese sentido señalarán que hay “falsedades” en los presupuestos utilizados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que demostrarían que el empresario K fue el favorito de los contratos viales.
La defensa de Báez intentó, sin suerte, lograr la prisión domiciliaria.
La ex Presidente apelará la decisión de Ercolini el primer día hábil de febrero, según Clarín. Cristina había solicitado en la causa que se confeccione un listado con el total de los pagos a cada una de las empresas contratistas entre 2005 y 2015. Con esa estrategia argumenta que Austral Construcciones, la empresa de Báez, se ubica en el puesto 38 de la tabla general, y da por tierra con la auditoría de Vialidad que ubica a Báez en el primer lugar con 46 mil millones de pesos en contratos, y sobreprecios del 65 por ciento.
El ex ministro de Planificación cuestionará la decisión judicial.
En la Justicia aseguran que “las pruebas son contundentes” y esperan que el procesamiento se eleve a juicio oral “lo antes posible”. Defenderán el informe de Vialidad, el cual expone las millonarias cifras que Báez recibió de parte del Estado (su único cliente): 52 contratos que dejó inconclusos en un 50 por ciento.
La causa que investiga la corrupción en la obra pública tiene doce personas procesadas y embargadas, entre los que están el ex secretario de obra pública, José López, y Carlos Kirchner (primo del ex Presidente). Para todos ellos el embargo ordenado fue de 10.000 millones de pesos y se los acusa de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
