El juez Julián Ercolini citó a declaración indagatoria para el próximo 31 de agosto a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la causa que investiga el posible delito de fraude, abuso de autoridad y cohecho en la compra de un edificio para la Procuración por más de 43 millones de pesos.
Gils Carbó, a indagatoria por la compra del edificio de la Procuaración.
Además de la Procuradora, otras diez personas también deberán presentarse ante la Justicia el mes próximo, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
El edificio por el cual se citó a Gils Carbó.
El listado se completa de la siguiente manera: Osvaldo Leguizamón (3 de agosto), Jorge Daniel Domanico (7 de agosto), Héctor Zurita (9 de agosto), Ignacio Costa Urquiza (11 de agosto), Bárbara Jaureguiberry (14 de agosto), Pedro Antonio Donato Viceconte (17 de agosto), Roberto Daniel Martino (18 de agosto), Adrián Marcelo González Fischer (22 de agosto), Juan Carlos Thill (24 de agosto), Guillermo Alfredo Bellingi (28 de agosto).
El caso
La adquisición del edificio de Perón 667, donde Gils Carbó tiene su oficina, se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, en una operación que tuvo como intermediario a Juan Carlos Thill, a quien se le pagó unos $ 3 millones de comisión. A su vez, éste último es hermano del número dos del área de contrataciones, un funcionario de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
En rigor, la empresa vendedora del edificio, Arfinsa, -de la familia Bemberg- pagó $ 8 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry en comisiones y ésta, a su vez, una subcomisión de $ 3 millones a Thill.
Macri quiere impulsar el juicio político contra Gils Carbó.
La Justicia cree que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba pre acordada entre las partes intervinientes antes de ser pública, para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión. De hecho, el contrato entre la inmobiliaria y el broker se hizo el 4 de marzo de 2013, y la licitación para la compra se publicó el 6 de marzo de 2013.
A pesar de que hubo cinco ofertas, ganó la de Jaureguiberry y Thill. Arfinsa cobró del Estado y pagó $ 7,7 millones de comisión. Esta es la maniobra irregular por la cual el Gobierno quiere impulsar el juicio político contra Gils Carbó.