Clases presenciales: las claves de un conflicto judicial que recién empieza

El Gobierno Nacional y el de la Ciudad están enfrentados abiertamente desde la semana pasada cuando el presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en donde se estableció que por 15 días las clases en el AMBA serían virtuales y no presenciales para evitar que se propague el Covid-19. 

Esto generó una triple estrategia judicial por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por un lado avanzó con un pedido de cautelar ante la Corte Suprema mientras que en paralelo diferentes organizaciones de padres, en algunos casos incitados por diputados nacionales del PRO, empezaron a hacer planteos en la Justicia ordinaria.

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Uno de ellos fue el que derivó en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones del Consumo de la Ciudad que ayer otorgó la cautelar y le ordenó al Gobierno porteño que garantice la presencialidad en las aulas. 

El fallo, tal y como dijo en declaraciones a BigBang el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, genera una anomalía en la cual un tribunal provincial toma una medida de Indole nacional, o federal, y por ende podría sostenerse que se excedió en sus competencias. Pero, cabe resaltar, Gil Domínguez también afirmó que Fernández se excedió en sus competencias con el DNU debido a que la educación es potestad de las provincias.

Dicho eso, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini (uno de los vacunados VIP), se presentó ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para interponer un recurso que busca que se declare nulo el fallo de la Sala IV debido a que no tienen la competencia sobre esas cuestiones. Sin embargo, en su escrito, al que tuvo acceso este medio, deja entrever uno de los puntos centrales para explicar la celeridad con la que la Corte Suprema decidió tratar el tema a partir de hoy.

“Asimismo, existe un caso ya de escándalo jurídico y, dadas las numerosas demandas en diferentes fueros, existe la posibilidad cierta de su multiplicación”, concluye en su presentación la Procuración del Tesoro.

En los pasillos de Tribunales recuerdan un escenario muy parecido durante la crisis del 2001. En ese entonces, con el corralito ya instalado, varios ahorristas buscaban un guiño de la Justicia para tener sus dólares cash y evitar la pesificación asimétrica. De esa forma sorteaban que cada dólar que tenían depositado se pase a pesos con la fórmula $1,40 más CER por cada dólar.

“La Corte ahí tuvo un fallo político que determinó que la única forma de devolución era la pesificación asimétrica”, recordó una calificada fuente judicial que no dudó en comparar el escenario actual con ese. 

A eso se le sumaron las versiones de que la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal podría fallar hoy a favor del Gobierno y sostener que la Cámara no tiene competencia para tomar esa decisión. Ese proceso, según explican, suele llevar tiempo debido a que tiene que abrirse la causa y analizar la situación. “En este contexto puede pasar cualquier cosa”, remarcan en Tribunales.

Esa situación, sumado a la presión social, llevó a la Corte a tomar el tema y declararse competente para tratar el amparo. Fue en una votación de cuatro votos contra uno en la que se decidió correrle el visto a la Procuración del Tesoro para que en cinco días como máximo responda.

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¿Zannini tiene que pensar los argumentos? En el máximo tribunal están convencido de que no pero se le dio un tiempo módico. De responder antes del plazo, la Corte tendría todo listo para emitir un fallo esta semana. Pero por estas horas nadie puede asegurar eso.