El ex presidente Mauricio Macri se encuentra cada vez más complicado, en la causa judicial en donde se investiga el acuerdo que buscó llevar adelante con el Correo Argentino durante su presidencia, luego de que se confirmó que el informe que había elaborado Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y que determinaba que el acuerdo era “ruinoso” para las arcas públicas, fue ratificado en una segunda instancia.
Este informe es explicativo de uno anterior y responde a los cuestionamientos que habían formulado las partes en relación al primer estudio técnico contable. La conclusión volvió a ser la misma: la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. implicaba “una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado” en primera instancia.
Ese acuerdo fue denunciado por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, en 2016 cuando sostuvo que implicaba que se deje sin efecto el cobró de más de $72.000 millones, en perjuicio de las arcas estatales y en beneficio de la familia del por entonces presidente en función.
Esta respuesta elaborada por la Dajudeco a los cuestionamientos de las defensas de los imputados deja a los acusados al borde del procesamiento, porque revela que los cuestionamientos sobre el informe técnico contable no tenían rigor científico y consistían sólo en disconformidades con los resultados a los que había llegado la investigación.
La clave central del informe ratificado es que analizó todas las variantes de cálculo de intereses y punitorios que tenía el acuerdo con el que había avanzado la administración Macri con el Correo, empresa que controlaba la familia del ex presidente. En todos ellos se aseveraba que la quita de la deuda era del 92%. De ahí que consideraban como “ruinoso” el acuerdo ente ambas partes.
“El estudio económico y financiero aportado por la DA.Ju.De.CO implicó considerar, en función de lo requerido por V.S., los términos reales de la propuesta formulada por Correo Argentino SA en función de la realidad económica y el concepto de variación del valor del dinero en el tiempo”, se indicó en el informe.
“Ahora bien, en lo que refiere a las restantes formulaciones que introduce la Defensa, y como bien se ha desarrollado a lo largo del presente, cabe concluir que todas ellas presentan un denominador común, su metodología de cálculo se circunscribe al plano nominal de los valores adeudados y no considera en ninguno de los casos, el valor actual y real de los compromisos de pago futuros”, se indica en el informe.
¿Qué quiere decir esto? Que en la propuesta económica realizada por la empresa, no se contemplaron variables como inflación (que sólo en los cuatro años de administración macrista acumuló un 267 por ciento), devaluación del peso (en la gestión anterior la moneda perdió el 84 por ciento de su valor) y demás índices de indexación.Allí se revela además que “de acuerdo con los términos de la Séptima Propuesta” los compromisos de pago futuro “no sólo difieren su pago a lo largo de 16 años, sino que además introducen variaciones en el porcentaje de capital a pagar en cada cuotas y estipulan el pago total de los intereses para luego de la cuota n°15”.
El informe reivindica desde sus resultados, una vez más, el papel de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien en 2016 se opuso a la homologación del acuerdo alcanzado entre la empresa de la familia Macri y el gobierno del propio Mauricio Macri tras considerar que se trataba de un acuerdo ruinoso para las arcas del Estado.
Por este caso ya fueron indagados el ex ministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad; el encargado del área de jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, el presidente del directorio de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la firma Jaime Kleidermacher.
La semana pasada, el juez Ariel Lijo incorporó al expediente la grabación del programa televisivo Minuto Uno, de la señal de noticias C5N, donde se revelaron presuntas reuniones ocurridas en Casa Rosada entre directivos del Correo y funcionarios del gobierno de Macri, quien está imputado aunque aún la investigación no avanzó en esa dirección.
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Con la confirmación de esa prueba ,ahora resta saber cómo serán los movimientos que tenga la causa y, en especial, si se ampliará la indagatoria hacia el ex presidente. Para eso se tendría que corroborar que estaba al tanto del acuerdo y que habría sido participe de las negociaciones; de ahí la importancia de la constatación de las reuniones que tuvieron lugar en la sede del Gobierno nacional con los principales protagonistas del acuerdo.