El Gobierno dio esta tarde el segundo paso para avanzar en la reforma del Ministerio Público Fiscal, que recibió por lo menos una decena de objeciones en los últimos días. El camino comenzó varios meses atrás, como parte de la estrategia para buscar la remoción de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó. El viernes, Cambiemos presentó la iniciativa parlamentaria, que cuenta con el respaldo del PJ que comanda Miguel Pichetto en la Cámara alta, clave para avanzar en las modificaciones.
El proyecto que comenzó a ser debatido hoy se cocinó a fuego lento durante los últimos meses, en medio de los cruces entre el Ejecutivo y Gils Carbó, que finalmente motivaron su renuncia. La mañana en que anunció su salida la procuradora, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que la “transformación” es necesaria para el procurador “no acumule tanto poder como pasa ahora”.
Pero no todo salió como el Gobierno esperaba. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación postergó la decisión de firmar el dictamen del proyecto que modifica la Ley de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación, tras una audiencia en la que hubo cuestionamientos desde el kirchnerismo a la iniciativa acordada entre el oficialismo y un sector del peronismo.
La salida de Gils Carbó se hará efectiva el 31 de diciembre.
De avanzar la reforma, el procurador tendrá un mandato de cinco años, sólo renovable por otros dos y a propuesta del Poder Ejecutivo. Pero además, para su designación ya no hará falta una mayoría especial en el Senado, y bastará con la mitad más uno de los votos de los presentes en el recinto. Para su remoción se aplicará la misma cuenta. Además, le otorga al Procurador la potestad de modificar las direcciones y Fiscalías Especializadas, que podría implicar la desaparición de espacios dedicados a la investigación de delitos complejos.
MALESTAR FISCAL
El proyecto no cayó para nada bien en las asociaciones vinculadas al acceso a la Justicia y dedicadas a la defensa de los derechos colectivos, como el CELS, Poder Ciudadano, ACIJ y Pensamiento Penal, que analizaron que la reducción a cinco años en el mandato “debilitará la posibilidad de desarrollar un plan de trabajo eficaz”, y denunciaron que “la propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del próximo Procurador”.
Sin embargo, esta tarde durante el debate en comisión, Garavano habló de generar “mecanismos de contrapeso”, y defendió la modificación en el proceso de designación y remoción: “Al haber un período más corto se requieren de mayorías más ágiles”.
Pero lo más llamativo es que tampoco resultó agradable para los fiscales. El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia, se mostró preocupado por la revisión de las designaciones realizadas desde julio de 2013.
El fiscal De Vedia criticó con dureza la reforma al Ministerio Público Fiscal.
En diálogo con BigBang, el fiscal señaló que avanzar las reformas “se verá lesionada la autonomía” del procurador, que observó un “retroceso en materia de investigación del crimen organizado si el procurador define el cierre de direcciones o fiscalías especializadas”.
Las organizaciones civiles y asociaciones consideraron que “la eliminación de las procuradurías especializadas y de las direcciones generales del texto legal pone en riesgo su continuidad, lo que significaría un gran retroceso en materia de especialización e investigación para el organismo encargado del diseño y ejecución de la política criminal”.
De Vedia pidió que los cambios pongan el acento en “buscar mecanismos de transparencia”. Por eso, apuntó a la necesidad de investigar el patrimonio delos jueces y capacitar a los fiscales. “Dicen que el Poder Judicial es obsoleto, que no pasa sólo por si se siguen cociendo expedientes o por la informatización: lo obsoleto pasa por armar una estructura dinámica, acorde a la velocidad con que transcurre la vida”, analizó el fiscal.
El fiscal Rívolo también criticó con dureza la reforma.
El malestar también quedó expresado en un comunicado de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que preside el fiscal federal Carlos Rívolo. La entidad habló de la pérdida de la autonomía funcional y la autarquía financiera, y criticaron el mecanismo propuesto para la elección y remoción del Procurador General; así como la modificación en el Tribunal de Enjuiciamiento, que define ante pedidos de remoción o denuncias, y que reemplazará al integrante de las universidades por un diputado nacional. El resto de los integrantes serán dos abogados elegidos mediante un sorteo del Ministerio de Justicia, un representante del Ejecutivo, un senador y dos fiscales con antigüedad mayor a diez años.
Ayer Garavano se reunió con fiscales.
En el Gobierno creen que el rechazo de los fiscales está ligado a cómo será la designación del nuevo Procurador General de la Nación, para la que ya no harán falta dos tercios de los votos. Creen, además, que en algunos casos las críticas son parte del fuego amigo.