“Técnicamente debería decirse que los legisladores “dispensan” de sus fueros. Porque la única forma de renunciar a los fueros es con la renuncia del cargo”, explica el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, al referirse al anuncio que hicieron hoy Sergio Massa y Margarita Stolbizer sobre su renuncia a sus fueron como diputados. Nicolás Massot, el je de bloque de Cambiemos en Diputados, también renunció a sus fueros, y es una promesa de campaña de Florencio Randazzo para él y los candidatos de su espacio que asuman.
La decisión de Massa y Stolbizer fue anunciada en una conferencia de prensa que se realizó en el Colegio Público de Abogados, que preside Jorge Rizzo, titular de la agrupación Gente de Derecho, enfrentado en los últimos meses con Daniel Angelici, el presidente de Boca y uno de los operadores judiciales del macrismo.
El abogado explicó que la “dispensa” se ejecuta con la firma de un acta o compromiso, que luego se envía a la Cámara de Diputados o de Senadores, según corresponda, en la cual cada renunciante avisa que en caso de ser requerido su arresto por un juez se allanan a la medida, sin que haya que votar el desafuero.
“El envío de la nota a las autoridades parlamentarias tiene efectos. Si algunos de los que firmaron la dispensa tienen una orden de arresto pueden ser detenidos sin que haya que desaforarlos”, explicó Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional en la UBA.
"Elegimos con un gesto concreto nuestra renuncia a los fueros de hoy y de mañana. Es muy grave que cuando se arman las listas, la lógica sea ver quién se protege de la Justicia. Queremos invitar hoy a todos los candidatos y legisladores de todas las fuerzas políticas a seguir con este ejemplo. A mostrar a la sociedad que lo que buscan es su representación genuina y que de verdad nos despojamos de cualquier privilegio para resolver los problemas de todos los días de los argentinos", dijo Massa.
Para poner esta movida en contexto, hay que recordar que el fiscal federal Carlos Stornelli pidió hace unos días el arresto del ex ministro y actual diputado Julio de Vido, en un dictamen que presentó ante el juez federal Luis Rodríguez, quien ayer le concedió la eximición de prisión a otros tres imputados en la causa, y hoy rechazó el pedido del fiscal.
Stornelli había pedido el arresto del diputado De Vido.
Stornelli fue denunciado hoy por el abogado Adrián Daniel Albor, defensor del ex directivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Fernando Lisse. Argumentó que se enteró por los medios de comunicación que su cliente afrontaba un pedido de detención e indagatoria hecho por Stornelli.
El juez había considerado ayer que "asiste razón" a la defensa de Lisse porque el dictamen de Stornelli llegó al juzgado el martes a las 7.45 y luego saltó en los medios de comunicación "sin que las partes hayan podido acceder a su vista ni fotocopiado".
"Por ende, frente a la postura de la defensa en cuanto a la posible comisión del delito de revelado de secretos previsto por el artículo 157 del C.P., corresponde extraer los testimonios correspondientes para que otro juez intervenga al respecto", aseveró.
De Vido quedó en el centro de la polémica.
Diputados y senadores están protegidos por el artículo 69 de la Constitución Nacional. “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”, dice la CN.
En el año 2000 se sancionó la llamada Ley de Fueros, que lleva el número 25.320, y que reglamentó la protección de los legisladores, al establecer que se pueden iniciar las causas y que los legisladores pueden ser indagados o procesados, pero no arrestado.
La trampa, según el abogado Gil Domínguez, fue que se agregó la inmunidad de arresto a jueces y miembros del Poder Ejecutivo. “Eso no estaba previsto en la Constitución, sólo protegía a los legisladores”, indicó el experto. Es cierto, que la ley agilizó las causas contra legisladores, pero les dio un salvavidas a jueces y a algunos miembros del Poder Ejecutivo. Nada es gratis.