16 Febrero de 2017 10:21
El error de cálculo en el régimen de movilidad de los haberes jubilatorios puede representar para el Gobierno un alto costo político. La falla en el Anses, el organismo que dirige Emilio Basavilbaso, que provocó una disminución en el monto final a percibir por los jubilados que despertó fuertes críticas de la oposición.
Basavilbaso, en el ojo de la tormenta.
El eje central del problema, según pudo saber BigBang, se centra en una disminución de la recaudación del Estado, uno de los índices que se toma en cuenta para calcular la fórmula de movilidad, además de las variaciones salariales anuales. El organismo obtiene el porcentaje final de aumento para jubilados al combinar, en iguales proporciones, tanto la evolución semestral de los salarios (Indec o el Ripte) y el crecimiento interanual de los impuestos.
Sin embargo el índice que arroje esa fórmula sólo se aplicará cuando sea inferior a la evolución anual de la recaudación de los recursos totales del sistema dividida la cantidad de beneficiarios.
Los jubilados cobrarán menos jubilación que lo esperado.
Ese es el problema central de la cuestión: la disminución de la recaudación, menor a la esperada, provocó que Basavilbaso decida nivelar los números aplicando una quita del 0,31 en la movilidad, lo cual se tradujo en un incremento del 12,65% en lugar de 12,96 por ciento. El cálculo representa un ahorro de $3000 millones para el Gobierno.
Al tomar los valores de sólo el último semestre (julio-diciembre 2016), los cuales coincidieron con una baja considerable en la recaudación debido al complejo escenario económico, el monto final disponible para distribuir entre las jubilaciones disminuyó.
La oposición lanzó fuertes críticas a los cambios en la movilidad jubilatoria.
Sin haberlo anunciado, en un hecho que expone la falta de comunicación interna en el gabinete macrista, el Gobierno ahora se ve en una encrucijada que podría representar un fuerte golpe política en un año electoral.
La ANSeS ya envió a los bancos las liquidaciones de jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que empiezan a pagarse a partir del 1ª de marzo con el controvertido aumento del 12,65%, aunque en el Gobierno advierten que darán marcha atrás con la medida.
Para cambiar la manera en que se calcula la movilidad jubilatoria, el Gobierno debería enviar un proyecto de ley al Congreso, cuya medida sería rechazada de plano por la oposición, es decir, una maniobra arriesgada a meses de las legislativas.
Otra posibilidad es que caigan una serie de amparos y el tema se resuelva en la justicia. Un nuevo dolor de cabeza para el macrismo.
