Cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia uno de sus objetivos era lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que puede quedarse en su cargo hasta jubilarse.
Quizás temeroso del costo político que le podría significar, tal como ocurrió cuando quiso nombrar por decreto a sus candidatos para la Corte Suprema de Justicia, cambió de idea, pero no de objetivo.
Por eso no abandona la intención de limitar las atribuciones de la titular del Ministerio Público, la jefa de todos los fiscales de la justicia nacional, según los establece el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Garavano trabaja en el proyecto para cercar a Gils Carbó.
En el Ministerio de Justicia y en la Casa Rosada se trabaja en la redacción de un proyecto para modificar la ley del Ministerio Público. En los considerandos se sostiene que “la magistratura unipersonal del Procurador General de la Nación instituida por el artículo 120 de la constitución nacional, que no está sujeta al escrutinio popular, no resulta compatible con los principios democráticos y republicanos si se le concede estabilidad vitalicia, por lo que se propone imponer un límite temporal, acotando su duración en el cargo a un plazo de cuatro (4) años, que resulta razonable para el mejor ejercicio del poder y la coordinación de la política criminal con el resto de las políticas públicas establecidas en materia de justicia y seguridad”.
Se trata de un cambio polémico: se modifica la Constitución mediante una ley y se equipara el tiempo en el cargo con lo que dura el mandato del presidente de la Nación, lo que equivale a convertirlo casi en un auxiliar del Poder Ejecutivo. Además, a no ser vitalicio claramente pierde autonomía e independencia.
Cuatro subprocuradores
El proyecto dice además que “a fin de diferenciar las funciones de administración y representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación del impulso de la acción judicial, se introducen las figuras de los Subprocuradores Generales en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado. Ello, a fin de fortalecer cada una de las funciones, procurando la especialización para una mejor prosecución de los fines específicos del organismo, preservando la defensa de la constitución, dinamizando la organización y gestión, focalizando el diseño de la política criminal y atendiendo las nuevas necesidades que se verifican en otras materias, a fin de obtener una mejor adecuación y respuesta a los problemas específicos”.
Esto es se crean cuatro suprocuradores, que pasan a estar en el mismo nivel del titular del Ministerio Público. “Dadas las relevantes y delicadas funciones que las mencionadas Subprocuraciones se encuentran llamadas a cumplir, resulta necesario que su constitución se prevea legalmente, otorgándoles a sus titulares un régimen asimilable al del Procurador General de la Nación”, dice el proyecto.
El Gobierno ya no piensa en forzar la renuncia de la Procuradora.
Además el Ministerio Público pasa a ser gobernado por el Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación que estará integrado por el Procurador General de la Nación, los cuatro (4) Subprocuradores Generales, dos (2) fiscales generales y dos (2) fiscales. El proyecto dice que el Procurador General de la Nación ejercerá la presidencia y no votará “salvo empate”. Los dos (2) fiscales generales y los dos (2) fiscales durarán dos (2) años en esta función y serán elegidos por sorteo público entre los magistrados que tengan más de diez (10) años de antigüedad en el cargo.
“El Consejo
sesionará
ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, cuando lo convoque el Procurador General de la Nación o tres (3) de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros”, agrega el proyecto y sostiene que entre sus múltiples atribuciones están las de “supervisar periódicamente el ejercicio de las atribuciones conferidas al Procurador General”.