La defensa del vicepresidente Amado Boudou recusó al juez federal Ariel Lijo, quien esta mañana lo detuvo en su departamento de Puerto Madero, luego de haberlo acusado de ser el jefe de una asociación ilícita.
Según explicó el abogado Eduardo Durañona luego de la declaración indagatoria del ex ministro de Economía también se solicitó la nulidad de la resolución que dispuso su arresto y le pidió al juez que dicte la excarcelación de su cliente.
Cuando estuvo sentado frente al juez, el ex vicepresidente sostuvo que su detención era “arbitraria” y que siempre estuvo “a derecho” en esta causa que se inició en 2009.
Boudou en el momento de su arresto en Puerto Madero.
Además, el ex ministro de Economía concurre todas las semanas a los tribunales de Comodoro Py para participar en las audiencias por el juicio oral por la venta de la imprenta Ciccone, en la cual está siendo juzgado, en una causa que también fue llevada adelante por el juez Lijo.
Tras la declaración indagatoria, Boudou va a ser trasladado en el curso de la tarde al complejo federal de Ezeiza, al igual que su socio José María Núñez Carmona, quien también quedó detenido en el transcurso de esta mañana por orden de Lijo, por considerar que también es parte de esa supuesta asociación ilícita.
El defensor dijo que Boudou se quejó explícitamente del "show" que montaron los efectivos en su departamento, luego de que de inmediato comenzaran a aparecer fotografías y videos con los momentos del arresto y del traslado hasta la sede de Prefectura y luego hasta el edificio de Comodoro Py.
El fiscal Di Lello pidió que Boudou justificara sus bienes.
"La sensación de mi defendido es que los agentes tenían la orden de filmar todo y viralizarlo", explicó Durañona a los cronistas acreditados en Tribunales.
El arresto del ex ministro se produjo luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello pidió que el ex ministro explicara su situación patrimonial tras la finalización de un peritaje realizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia, en la causa en la que se lo investigaba por enquecimiento ilícito.
Di Lello advirtió “diferentes cuestiones que hacen a la dudosa forma de manejar los registros patrimoniales tanto de las personas físicas como las jurídicas”.
Según informó el sitio Fiscales, el pedido de Di Lello deberá ser entendido como “una notificación para que el acusado pueda hacer uso de una oportunidad formal para probar la licitud de su enriquecimiento”.
El representante del MPF explicó en su escrito que de la primera lectura del peritaje se advierten “registraciones globales, discrepancias en las declaraciones patrimoniales, obligaciones tributarias presentadas fuera de término como acciones tendientes a desorientar la visualización de la situación patrimonial de personas físicas como jurídicas”.