29 Septiembre de 2016 20:44
El ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, confirmó la autorización judicial del traslado del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, a la provincia norteña, para que responda ante la justicia local en la causa por fraude a la administración pública.
El ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer.
Meyer señaló que mantuvo una reunión con el juez federal Daniel Rafecas, quien autorizó el viaje para que López se presente a declarar ante el fiscal de Investigación Penal el próximo miércoles 5 de octubre a las 11.
El juez Rafecas autorizó el viaje de López a Jujuy.
El funcionario jujeño señaló que, de acuerdo a lo conversado con el magistrado, “este viernes entregarían los correspondientes oficios” para notificar a Gendarmería Nacional para efectuar el traslado desde la unidad penitenciaria al aeropuerto y desde allí a Jujuy.
Del operativo participará la Gendarmería Nacional, por lo cual Meyer tiene previsto reunirse con el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, para coordinar el mecanismo y la fecha del traslado.
Meyer tiene previsto reunirse con el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.
Meyer indicó además que la estadía de López en Jujuy estará a cargo del Servicio Penitenciario de la provincia, de acuerdo a lo informado por el gobierno jujeño.
López fue citado por la justicia de Jujuy para que responda sobre las autorizaciones a la construcción de viviendas sociales que se autorizaban en Buenos Aires para que concreten cooperativas que respondían a la Red de Organizaciones Sociales que dirigía la jefa de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
López deberá presentarse a declarar en Jujuy el miércoles próximo.
Vale recordar que López se encuentra detenido y a disposición del juez Rafecas desde el 14 de junio último, cuando lo descubrieron con 9 millones de dólares en bolsos en el convento de General Rodríguez.
El fiscal jujeño Gustavo Araya señaló días atrás que decidió citar a López porque “habría certificado obras en 300 viviendas que se debían realizar en Calilegua y Humahuaca, pero faltan $ 90 millones”.
El fiscal jujeño, Gustavo Araya.
Araya apuntó que “López debía controlar el destino de los fondos y realizar las auditorías internas correspondientes para determinar si la cantidad de dinero que él depositaba en la cuenta de la Unidad Ejecutora Provincial tenía que tener certificados de obra en 100%”.
Pero en la investigación advirtió que “estamos constatando que esos certificados de obras no tenían fechas ni de inicio ni de finalización, lo que nos lleva a concluir que no había control”.
