La Cámara Federal confirmó hoy los procesamientos sin prisión preventiva de los ex funcionarios Aníbal Fernández y Daniel Gollán, además de siete proveedores del Estado, por supuesto fraude en el Plan Qunita.
La Sala Dos del tribunal ratificó también los embargos contra el ex jefe de Gabinete de Ministros y los otros procesados -excepto Gollán que no había apelado la caución- hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.
Los delitos en los que supuestamente incurrieron los procesados, según los camaristas, fueron "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público".
La Cámara revocó por falta de mérito los procesamientos del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, más otros cuatro proveedores del Estado, que en primera instancia había dictado el juez federal Claudio Bonadio.
El ex ministro Daniel Gollán también fue procesado.
Para los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah en las pruebas reunidas en la investigación "demuestran la importante desventaja patrimonial en que se hizo incurrir al Estado en la licitación" del Plan Qunita, que fue presentado en julio último por la entonces Presidenta Cristina Fernández.
"El panorama fáctico planteado en el sumario corrobora, en esta etapa, que el proceso de licitación y adjudicación estuvo plagado de irregularidades con el fin de obtener un beneficio económico, perjudicando con tal proceder las arcas públicas", dijeron los camaristas.
Los jueces sostuvieron que "se encuentra probado que Daniel Gollan -en su carácter de Secretario de Salud Comunitaria primero, y como Ministro de Salud de la Nación después-, ha estado a cargo de la gestión y control de la totalidad de la licitación".
Y sobre Aníbal Fernández sostuvo la Sala que "convalidó con su firma todo lo actuado en el proceso licitatorio al tomar la intervención que le asigna la normativa específica" y resaltó que se abstuvo, en el análisis de la licitación, "formular las objeciones que el caso claramente exhibía".
De las empresas proveedoras, subrayó que "no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados, sino que, por el contrario, tenían objetos sociales relacionados a los rubros de la construcción, gráfico, informático o inmobiliario, entre otros; y presentaban un volumen comercial muy por debajo de los montos de la licitación".
El Plan Qunita fue presentado por la ex presidenta Cristina Fernández, el 16 de julio pasado en Tecnópolis, y consistió en la distribución de unos 150 mil kits para bebés que habrían costado al Estado unos 1.100 millones de pesos, pero al poco tiempo fue denunciado por supuestas irregularidades.
Las empresas ganadoras de la licitación fueron Fasano SRL., Grupo Diela SRL., Compañía Comercial Narciso SRL., Fibromad SA., Delta Obras y Proyectos SA. y Dromotech SA.
Mediante el Plan Qunita el Estado otorgó un kit maternal a mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE): cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos.
La sociedad Fasano SRL, principal adjudicataria de la licitación, según destapó en su momento el sitio web Eliminando Variables, se dedicaba a los negocios inmobiliarios y en 2014 habría tenido una facturación de sólo seis mil pesos.
El jueves pasado, el gobierno nacional derogó el Plan Qunita por los riesgos y la "peligrosidad" de algunos elementos que se entregaban en el kit.