La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro de Planificación Julio de Vido, por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de material ferroviario a España y Portugal, al considerar que "continuó" con la operación "sin realizar controles y conociendo sus consecuencias".
En la causa ya estaba procesado el secretario de Transporte Ricardo Jaime, responsable principal de la compra de vagones y máquinas a esos dos países, que estaban en pésimo estado, casi convertidos en chatarra cuando llegaron a la Argentina en barcos.
Material inutilizable y abandonado.
En junio del año pasado, el juez federal Sebastián Ramos había procesado y trabado un embargo a De Vido, quien fue ministro entre 2003 y 2015, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles", decisión que el ex funcionario apeló.
El argumento de la compra era que se trataba de material usado para ser reaconcionado en la Argentina de manera de generar trabajo en el país en los talleres que fueran contratados para realizar los trabajos, pero el material estaba tan destruido que no se pudo reparar en muchos casos.
"De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios y contratos, y también omitió todo contralor de esa actividad”, dijeron los camaristas y agregaron que "por los montos dinerarios que insumió no podía pasar desapercibida para el nombrado de conformidad con la función que desempeñaba”.
El camarista Eduardo Freiler califica de certeras las definiciones del juez de primera instancia sobre la responsabilidad de De Vido en la compra "de material ferroviario caro, viejo y con características y condiciones que de antemano no serían aptas para las vías existentes en el país y el sistema ferroviario nacional".
En la misma causa está procesado Ricardo Jaime.
Freiler remarcó que existió "ineficiencia de las inspecciones realizadas sobre el material adquirido, desprolijidad de los controles en torno a la documentación exigida contractualmente y al cumplimiento del circuito de pago, y ausencia de un adecuado mecanismo para relevar la magnitud de las adquisiciones efectuadas y la necesidad de un eficiente procedimiento para el examen de las operaciones realizadas".
Por su parte, el camarista Leopoldo Bruglia sostuvo que tanto el ex ministro como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime "llevaron a cabo la administración fraudulenta en perjuicio del erario público", aceptando pagar "un precio descomunal por material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado".
Antes de que se conociera la resolución de la Cámara, la Oficina Anticorrupción -querellante en esta causa- había solicitado la elevación a juicio oral contra Jaime.