La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, quien es investigada por presuntas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación. Esta decisión la deja cerca del juicio oral y público.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alejandra Gils Carbó.
Aunque Gils Carbó dejó de estar al frente de la Procuración General de la Nación el 31 de diciembre del año pasado, el anuncio se hizo en octubre de 2017, cuando el juez Julián Ercolini la procesó por la compra del edificio donde están las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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En su resolución, el juez había procesado a Gils Carbó y a otras personas por defraudación contra la administración pública debido a la compra del edificio de la calle Perón al 667, por el cual se pagó $43.850.000.
La firma que vendió el inmueble fue Arfinsa, del Grupo Bemberg, de Adrián González Fischer, y esta empresa después le pagó $ 7.000.000 a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry por asesoramiento sobre la venta. Jaureguiberry a su vez le abonó $ 3.000.00 al productor de seguros Juan Carlos Thill por otro asesoramiento en la licitación.
Debido a esto, la entonces procuradora insistió con que “no” cobró ni “se benefició” personalmente “por esta operación, y en su descargo ante el juez afirmó que “las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras del subdirector general, Guillermo Bellingi, y de Juan Carlos Thill”.
Para la Justicia la ex procuradora formó parte de un plan que buscaba adquirir el edificio particularmente.
Finalmente, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento pero sólo por negociaciones incompatibles, ya que los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens establecieron que no hubo perjuicio contra el Estado aunque sí se direccionó la licitación para beneficiar a un medio hermano de Guillermo Bellingi,.
Sobre esto, los camaristas entienden que existió manejo de información privilegiada y que los $3.000.000 de la comisión terminaron en los bolsillos del ex integrante del organismo.
En el edificio funcionan oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Del mismo modo y según el fallo, para la Justicia las principales autoridades de la Procuración "idearon y ejecutaron un complejo plan" orientado a "adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio de la calle Perón 667".
Por último, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens aclararon que la compra del inmueble habría estado "decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA", cuya cara visible fue Adrián Fischer, quien terminó también procesado y embargado por $5.000.000.