El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asumió este mediodía al frente del Consejo de la Magistratura a través de una resolución del máximo tribunal emitida este mediodía, en la que establece que se "disponga lo necesario" para que la nueva autoridad del organismo "reciba de los nuevos consejeros el juramento de ley", acorde con lo establecido en el fallo que se dictó en diciembre pasado.
¿Pero cuál es la discusión de fondo en toda la cuestión? El Consejo de la Magistratura es el encargado de hacer los concursos para los cargos de los jueces en la Justicia nacional. Confecciona las ternas y las eleva al Poder Ejecutivo para que decida cual de los tres candidatos se envía al Senado para su aprobación. También se encarga del enjuiciamiento a los magistrados que no cumplen con sus funciones de forma correcta. Por último tiene a su cargo la ejecución del presupuesto que tiene la Justicia por lo cual el cargo de administrador es clave.
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Ahora bien, en el 2006 se reformó este organismo que se creo con la Constitución de 1994, se redujo el número de sus integrantes de 20 a 13 con lo que se le dio más poder a la política por sobre lo judicial. En un escenario de virtual bipartidismo que existe en el país, desde hace tiempo que los Gobiernos no tienen el número necesario para avanzar sin negociaciones.
Esta reforma hizo que se denuncie ante la Justicia la inconstitucionalidad de la misma. El año pasado después de un largo letargo judicial la Corte falló en contra de la ley, ordenó su suspensión y le dio un plazo máximo al Gobierno para que avance en una nueva normativa que no se llegó a sancionar.
Por eso se vuelve al esquema anterior de funcionamiento con 20 miembros y con la presidencia del Consejo a manos del titular de la Corte. En su fallo los cortesanos remarcaron, básicamente, que el organismo no puede paralizarse ante la falta de acuerdo del Gobierno con la oposición para sancionar una nueva ley. Una cuestión troncal que comparten todos ministros de la Corte es la capacidad de que el máximo tribunal tenga el control sobre la administración de la Justicia.
A diferencia de lo que sucede en otras provincias, a nivel nacional está dividida. Una parte la hace la Corte, otra el Consejo de la Magistratura. Ahora con Rosatti en la presidencia de ambas instituciones esto se unifica, deseo compartido incluso por el juez de la Corte y ex titular de la misma, Ricardo Lorenzetti.
La respuesta del Frente de Todos no se hizo esperar. Fue la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la que se puso al pie de la ofensiva contra el máximo tribunal y su presidente. Mientras que Juntos por el Cambio apuesta al desgaste del oficialismo con esta cuestión. Sobre todo luego de la victoria de la lista, en representación de los abogados, que encabezó la ex número dos de la AFIP, Jimena de la Torre.
Hoy temprano la Corte dispuso el juzgado federal de Paraná le remita el expediente por el cual otorgó la medida cautelar que frenó la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, al tiempo que remitió al juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 la causa en la que resolvió la inconstitucionalidad de la integración del organismo que selecciona y remueve a los magistrados.
"Por disposición del Tribunal, requiérase al titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Paraná que, en el plazo de tres horas, remita, en formato digital, la causa CAF 3415/2022 Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacional y otro s/ amparo ley 16.986", sentenció la Corte.
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Elegidos ya los nuevos miembros técnicos -jueces, abogados y el académico que se conocerá este lunes-, resta despejar el amparo presentado por el diputado Marcelo Casaretto en la Justicia federal, en un intento de defender las "facultades del Congreso" para sancionar una ley que regule la composición y el funcionamiento del Consejo.