15 Febrero de 2017 19:28
La fiscal general Gabriela Boquín informó hoy que en la audiencia que se realizó el año pasado, en la que se acordó la quita de la deuda que el Correo Argentina S.A. mantuvo con el el Estado, no participó porque no fue convocada, aunque sí lo fueron los otros participantes del concurso de acreedores.
“Ante las manifestaciones de miembros del gabinete Nacional en relación a que no habría participado -no obstante haber sido citada por la Sala B de la Cámara del fuero- de la audiencia de fecha 28/6/16 celebrada en el concurso de Correo Argentino S.A. en la cual se acordó la propuesta impugnada en mi dictamen del 30/12/2016 , comunico que jamás fui convocada a dicha audiencia y que los únicos citados a participar fueron la concursada, el Estado Nacional y las sindicaturas. Se adjunta copia de la convocatoria en cuestión”, dice el comunicado difundido por la fiscal.
La nota de convocatoria, firmada por la jueza de Cámara Matilde Ballerini, decía en su tramo más importante que "atento lo solicitado en el escrito que antecede, convócase a la concursada, al Estado nacional y a la sindicatura a la audiencia a celébrarse el día 28 de junio a las 11".
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dieron el martes una conferencia de prensa despegar al presidente Mauricio Macri y para defender el acuerdo que prevé el pago de la deuda de 292 millones en cuotas anuales y que finalizará en el año 2033.
En declaraciones a Radio Mitre, Peña criticó hoy el dictamen de Boquin y afirmó que la fiscal “no va a la audiencia donde van las partes". "Su deber era ir y seis meses después saca un informe crítico con argumentos que no compartimos y que son muy poco sostenibles", manifestó. La aseveración de Peña quedó desmentida con el acta divulgada por la fiscal.
La fiscal Boquin sostuvo que el acuerdo, según los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033.
Funcionarios del Gobierno cargaron contra la fiscal Boquín, al asegurar que no había concurrido a la audiencia que se realizó el 28 de junio de 2016, en la que se acordó la forma de pago de la deuda que el Correo mantenía con el Estado por el no pago del canon cuando la empresa fue privatizada.
Pero la fiscal confirmó que no había sido convocada a la audiencia que se realizó en junio, en la cual se celebró un acuerdo que calificó de ruinoso y abusivo para el Estado argentino por la quita que significa la deuda que finalmente pagará el grupo Macri por su deuda como concesionario del Correo.
Presentación del Correo
Tal como lo lo anticipó ayer Peña, la empresa Correo Argentinos hizo hoy una presentación en la causa en la que se tramita el concurso. El presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa, criticó el dictamen de Boquín por la "exorbitancia de las inexactitudes" que contiene, "el llamativo y espurio manejo de las cifras" y "la liviandad con que se han expuesto conclusiones erróneas".
La fiscal "no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna y que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos".
Cibils Robirosa efectuó hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial una presentación en la que señala "la necesidad de realizar algunas aclaraciones que permitan entender que este proceso concursal es una pieza más dentro de un proceso mucho más complejo de reclamaciones recíprocas entre el Estado" y Correo Argentino.
En tal sentido, señala que no hubo objeciones al acuerdo por parte de la Sindicatura General de la Nación ni de los 600 acreedores que participan del proceso, destaca que se vuelcan valores expresados en pesos argentinos "a un monto absurdamente inflado con tasas inaplicables para este tipo de procesos", y que se trató de "la peor estatización de la historia" argentina.
En el escrito se rechaza la posibilidad de que la Fiscalía forme parte del proceso con facultad de interponer recursos, ya que se trata "de un órgano de opinión no vinculante", y propone que se llame a una audiencia pública con participación de las sindicatura general y controlante, al Estado nacional, a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción "a los efectos de encontrar, de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal".
