Obreros y operarios de la construcción cortaron hoy la avenida Libertador, a la altura de Tagle, en donde vive el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para reclamar el pago de sus sueldos debido a que, según ellos, el Ejecutivo no le abonó a las empresas que los contratan las obras públicas realizadas.

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La protesta fue realizada por empleados de las constructoras Green y Rottio que fueron contratas por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que denuncian que como consecuencia del corte en la cadena de pagos hay cerca de 50 Pymes a punto de cerrar y 3.000 puestos de trabajo en peligro.

Con cuatro camiones con grúas los operarios cortaron casi la totalidad de la avenida, quedó un solo carril libre. La obra en cuestión que reclaman es el viaducto San Martín en donde falta terminar dos estaciones para que el recorrido del tren se encuentre completo.

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Las obras, de acuerdo a lo que denunciaron usuarios del ferrocarril, se encuentran demoradas. Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que se tomó la decisión de rescindirle el contrato a la UTE Green-Rottio, por falta de pago a sus contratistas. El 4% del total de la obra lo resolvería AUSA, la empresa estatal porteña que gestiona las autopistas y está a cargo de los trabajos.

¿Qué pasó con la empresa?

En julio Green emitió cheques a 30, 60 y 90 días que rebotaron por falta de fondos. En promedio a los contratistas chicos les dejó debiendo entre uno y cincuenta millones de pesos, mientras que a los más grandes cien millones. Ante ese escenario los contratistas denunciaron ante el Gobierno de la Ciudad la situación. Cuando las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte convocaron a la empresa esta les confesó que no había cursado los pagos a los proveedores, cuando las transferencias de la Ciudad por el pago de los certificados de obra se habían realizado en tiempo y forma, se terminó el contrato y AUSA se hizo cargo de la obra.

Para intentar menguar la situación de los proveedores les ofrecieron créditos blandos del Banco Ciudad, a una tasa del 35%, un acuerdo de no retención de Ingresos Brutos por parte de la AGIP, y tener prioridad no sólo en las contrataciones que quedan para finalizar la obra del viaducto sino también en las próximas que realizará la Ciudad.

Consultados por qué la Ciudad no se hace cargo de la deuda de la empresa desde el Gobierno sostuvieron que no tienen una herramienta legal para volver a pagar por esos certificados. "No se puede pagar dos veces por la misma obra porque es ilegal", explicaron.