Mientras que el presidente Javier Milei continúa comportándose como cuando era un youtuber que insultaba y decía barbaridades sin ningún tipo de responsabilidad institucional a sus espaldas, distintas detenciones en el mundo policial de la Argentina develan un crecimiento fuerte de los crímenes de odio orientados hacia las identidades sexuales alternativas y los sectores de la economía menos privilegiados. Es que recientemente apresaron a un "nazi samurái" que quería matar "a los gays y los judíos" y también a cuatro jóvenes que baleaban personas sin techo en el barrio porteño de Belgrano.
A este panorama hay que sumarle el triple lesbicidio cometido contra las cuatro mujeres que vivían en la pensión de Barracas y que, a principios de mayo, escandalizó a la sociedad. Allí Justo Fernando Barrientos de 58 años les lanzó una bomba molotov al cuarto donde vivían al grito de "lesbianas de mierda", en un hecho que terminó con la vida de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante.
Aunque tales atrocidades no parecen haber sido suficientes para el juez subrogante del Juzgado N°14 en lo Criminal y Penal, Edmundo Rabbione., los considere dentro del artículo 80 del Código Penal, es decir que sean considerados femicidios agravados por el odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Sí lo procesó por "homicidio agravado por ensañamiento y alevosía", pero ninguna mención al odio sexual.
Esta definición, que se puede entender como un apoyo del Poder Judicial a los nuevos discursos intolerantes, homofóbicos, antiperonistas, anticomunistas y antisocialistas, también es probable que se vea en los últimos casos que expusieron el crecimiento de los crímenes de odio a nivel local.
"Mi sueño es exterminar a los judíos y a los gays", aseguraba en el grupo de Telegram "nazi chat" el "nazi samurái" de 23 años, detenido en la última semana a partir de una investigación que comenzó en febrero con un oficio que realizó la Fiscalía de Ciberdelitos (Ufeci) y que derivó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 12 que conduce Alejandra Mangano. Ella fue quien le solicitó el allanamiento al juez Ariel Lijo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6.
La investigación duró meses y hasta tuvo trabajo de campo en las calles del barrio porteño, para dar con G.O.T., las iniciales con las que se identificó de forma legal al "nazi samurái". En su casa de Florentino Ameghino al 1200 encontraron una pistola calibre 22, otras armas cortas, tres espadas de tipo katana, rifles de aire comprimido y hasta granadas de gas. Hubo detectives que tuvieron que trabajar semanas para dar con el detenido.
El hogar en donde lo encontraron tenía un denominador común. Tanto el padre, como la madre y el hermano mayor del detenido, pertenecen al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Es decir, son guardiacárceles. Si bien la institución que se encarga de la contención física de los reclusos no es en los hechos una fuerza de seguridad, su impronta se asemeja más a ese tipo de perfiles que a otros más administrativos del Estado.
En este caso la captura no se pudo eludir la concepción de crimen de odio, ya que el origen de la investigación se sostuvo en la Ley 23.592 de actos discriminatorios. Concebir este caso en su singularidad y no en lo que engloba y demuestra a nivel social, también es un error. Estos ataques crecen día a día, tal como expusieron estas últimas situaciones.
Un fuerte ejemplo de esto se vio a fines de abril, pero recién en los últimos días salió a la luz. Cuatro jóvenes de entre 19 y 21 años fueron apresados por la Policía de la Ciudad, luego de una corta persecución por Belgrano, tras disparar contra personas en situación de calle con un arma larga desde el Fiat Cronos en el que se trasladaban.
La búsqueda de los agresores fue por parte de personal de la Comisaría 13A, desde donde recibieron la denuncia: "Un móvil divisó el vehículo que se desplazaba a gran velocidad por la calle Echeverria, sentido a avenida Figueroa Alcorta, mientras cruzaba el semáforo en rojo y luego de una persecución fueron detenidos en Juramento y Dragones", aseguraron en el parte policial.
El auto en el que se trasladaban no tenía patente. La misma fue encontrada en el baúl del vehículo, lo que da a entender que había sido retirada de forma voluntaria por los detenidos, con el fin de poder ejercer sus acciones odiantes sin miedo a represalias o a ser identificados. Los objetivos que tenían son imposibles de considerar por fuera de los crímenes de odio, pero no es así para la Justicia.
Es que lo más insólito de este caso son las acciones por las cuales procesaron a estos cuatro delincuentes. Los delitos son: portar armas no convencionales (art. 103), usurpación de títulos y honores (art. 247 del CP), desaparecer sellos, timbres, marcas o contraseñas (art. 290 del CP). ¿Y el odio contra quienes viven en la calle? Brilló por su ausencia.