Palos en la rueda
27 Mayo de 2024 11:48
El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich realizó una nueva provocación en relación a la subversión de los valores de la Argentina cuando este domingo, en representación de las fuerzas del cielo que encabeza el presidente Javier Milei, le negó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) su derecho a requerir legajos de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federal, con el objetivo de identificar a los cientos de bebés secuestrados durante la última dictadura militar.
De esta manera, la cartera que conduce la ex montonera Bullrich desconoció las atribuciones que tenía la comisión creada en 1992 y dedicada de forma exclusiva a la búsqueda de bebés secuestrados por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, gobierno de facto al cual se le atribuyen 30 mil desapariciones forzadas de personas, torturas denunciadas y juzgadas y casi 450 niños y niñas secuestrados de los cuales se recuperaron 137.
Amparados en el derecho a la intimidad que ofrece la Constitución Nacional en sus artículos 19 y 43, además de la ley 25.326, de "Protección de Datos Personales", el 26 de mayo desde Seguridad emitieron una nota firmada por Bullrich y el jefe de Gabinete de la cartera, Carlos Manfroni, donde rechazaron las peticiones realizadas por la CONADI, las cuales habían sido generados por la "Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado".
"Si bien la CONADI fue creada por una ley, con facultades muy acotadas, el Decreto 715, de 2004, generó dentro de esa comisión una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y, a partir de ella, poder eventualmente iniciar investigaciones sobre hipotéticos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con niños apropiados durante la dictadura. Todo esto, sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona", aseguraron allí, en un desconocimiento intencional sobre la recuperación de 137 bebés a partir de las gestiones de la Comisión.
En el texto en donde le negaron a la CONADI la posibilidad de crear una unidad de investigaciones, otorgado hace 20 años, porque supuestamente este no podía ser otorgado por decreto. Lo cierto es que esta era "una práctica que venía llevando a cabo de manera ininterrumpida desde su la creación de la unidad". "La investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional", argumentaron, para poner palos en la rueda a la recuperación de identidades de los bebés secuestrados.
El derecho a la identidad, tan claro y ganado por las gestiones de la recuperada democracia de 1983 que lograron avanzar en el "Nunca Más" y la puesta en marcha de un banco de datos genéticos para ubicar a los bebés secuestrados, fue antepuesto por parte de la cartera que conduce Bullrich a la privacidad de quienes fueron parte del peor genocidio que conocía el país.
"La seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado", afirmaron en el texto que subvirtió 20 años de investigaciones fructíferas.
"Resulta absolutamente inadecuado que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiera información indiscriminadamente a otros ministerios. Ese procedimiento, por sí mismo objetable, resulta aun más grave si se toma en cuenta que, de los términos de la solicitud, no aparece que se esté demandando un dato preciso unido a una pista certera, algo que de todos modos debería hacer el Poder Judicial. Más bien se proyecta el examen de un alto número de legajos para la eventualidad de encontrar algo que presuntamente pueda servir al requirente", sentenciaron en el texto de perfil negacionista.
