Bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad federales realizaron operativos de amedrentamiento y persecución en los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco del primer paro general que la Confederación General del Trabajo (CGT) hace en el gobierno de Javier Milei, a sólo 44 días de su asunción. La decisión significó un claro desconocimiento al fallo del juez federal Ernesto Kreplak que prohibió hacerlo, un día antes.
La Gendarmería Nacional hizo su operativo sobre la autopista Panamericana, donde la fuerza frenó vehículos para verificar que no llevaran banderas ni materiales realizados a la protesta y movilización convocada, en un claro atentado al derecho a huelga reconocido en la Constitución Nacional.
También la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desplegó un operativo desmesurado, en el peaje de la autopista Richieri, antes de llegar a CABA. Allí frenaron a los choferes de los colectivos para tomarle los datos y preguntarle sobre los pasajeros. La intención intimidatoria era tal, que hasta contaban con un camión hidrante especializado para reprimir protestas, además de los típicos agentes con escudos, cascos y bastones.
Al igual que las fuerzas de seguridad, que desde muy temprano trabajaron para impedir el acceso de los manifestantes, Bullrich también se propuso realizar una campaña directa contra la huelga general. "No hay paro que nos detenga. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente. Yo no paro", escribió en su cuenta de Twitter.
En su publicación, la ministra se refiere a amenazas y amedrentamientos, aunque lo hace luego de ordenar los operativos que tuvieron ese fin, al igual que el protocolo que defiende y lleva su nombre. Además, apuntó contra el fallo de Kreplak, a quien tácitamente definió como "cómplice".
El juez federal había dictaminado, a partir de un habeas corpus particular, que ninguna fuerza de seguridad, en el marco del paro del 24 de enero, podía detener los transportes o manifestantes sin motivo, demorarlos, filmarlos, identificarlos o requisarlos.
La decisión de Bullrich de desconocer el fallo, más allá de la falta de vocación republicana respecto a la independencia de poderes, es una demostración de la determinación que tiene para hacer cumplir su protocolo. El paro en la calle se dio con fuerza y con una movilización masiva en el Congreso, justo donde los representantes del Poder Legislativo pueden frenar el DNU y la Ley Ómnibus.