por Rafael Saralegui
16 Diciembre de 2019 20:13
La situación en las cárceles bonaerenses es alarmante. Como consecuencia del constante crecimiento del número de detenidos durante los últimos cuatro años, la población carcelaria duplica la capacidad de las prisiones, con las previsibles consecuencias como hacinamiento, propagación de enfermedades, carencias alimentarias y la virtual imposibilidad de realizar cursos o tareas con los internos.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la provincia tomó nota de la gravísima situación y dio a conocer una acordada en la que repasa lo ocurrido en los últimos años y reclamó al Poder Ejecutivo provincial la creación de una mesa de diálogo para buscar soluciones a la superpoblación carcelaria.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se hizo eco del reclamo y convocó hoy por decreto a una mesa de diálogo. "Queremos que se advierta que hay una posición firme de este gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, tras participar de una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, en La Plata, al referirse a la cuestión.
Alak explicó que el objetivo de esa mesa, que se reunirá esta semana por primera vez y trabajará también en enero, será el de "analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando los internos que están en el Servicio Penitenciario Bonaerense en cuanto a sus condiciones de detención".
Explicó que "la herencia de superpoblación penitenciaria es tremenda" y detalló que las cárceles bonaerenses "tienen una capacidad para alojar a 23.000 personas pero aquí hay 49.000 internas e internos", por lo que evaluó que "tenemos la superpoblación penitenciaria más grande del país". "Hay cuatro mil detenidos con prisión domiciliaria y otros cuatro mil en comisarías", apuntó Alak y aseveró que el universo total de detenidos asciende a 57.000.
La situación de hacinamiento se hace evidente. El juez del tribunal oral de Nechochea, Mario Juliano, estaba hoy de visita en la cárcel de Batán, la localidad cercana a la ciudad de Mar del Plata. Y relató que la capacidad de 700 reclusos que tiene esa cárcel se duplicó literalmente: en la actualidad alberga en las peores condiciones a 1400 detenidos. Y hace responsable de esa situación a jueces y fiscales que decidieron restringir las excarcelaciones, al calor del discurso oficial de mano duro, que bajó desde el gobierno durante el macrismo.
Más cárceles o menos detenidos
Juliano cree que hay dos soluciones para la crisis: o se construyen más cárceles o se encarcela menos gente. Él se inclina por la segunda opción mediante el uso de dispositivos electrónicos de control o arrestos domiciliarios y dejar la opción de la prisión preventiva sólo para los delitos graves.
La consecuencia del hacinamiento carcelario también se evidencia en el alojamiento de detenidos en los calabozos de las comisarías provinciales, que también se encuentran saturadas y donde se han producido masacres como las que ocurrieron en las seccionales de Pergamino y de Esteban Echeverría, donde varios presos murieron quemados ante la complicidad policial.
En la acordada de la Suprema Corte provincial, firmada el jueves 12, se hace eco de un informe elaborado en su momento por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que hace un recorrido histórico para demostrar cómo año tras año creció la cantidad de detenidos en las cárceles de la provincia a tal punto que en la actualidad la mitad de los detenidos de todo el país se encuentran en cárceles y calabozos bonaerenses.
Hay otro dato que llama la atención: mientras en todo el país la tasa de detención es de 200 detenidos cada 100 mil habitantes, en la provincia la tasa es de 300 detenidos cada 100 mil, un corte mucho más alto. Allí se encuentra parte de la gravedad del problema.
