Juego de poder
26 Febrero de 2025 09:00
En un movimiento que sacudió el escenario político y judicial del país, el presidente Javier Milei oficializó, a través del Decreto 137/2025, la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión, publicada en el Boletín Oficial en la madrugada del miércoles, generó un fuerte debate constitucional y político. El oficialismo justificó el nombramiento invocando el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, el cual habilita al Ejecutivo a realizar designaciones transitorias durante el receso legislativo.
Sin embargo, este mismo artículo establece que las designaciones deben contar con el acuerdo del Senado por dos tercios de los miembros presentes en sesión pública. El Gobierno libertario argumentó que el Senado no cumplió con su deber de tratar los pliegos de los candidatos, a pesar de que estos fueron enviados en mayo de 2024 y reiterados en julio. Asegura que la inacción del Senado justificó la decisión presidencial de avanzar con la designación en comisión, una práctica que viene siendo utilizada en la historia argentina, aunque con fuertes cuestionamientos.
Desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la salida de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024, la Corte Suprema viene operando con el mínimo de tres jueces requeridos para la toma de decisiones. La falta de designación de reemplazos ha generado un cuello de botella en el funcionamiento del tribunal, lo que el Gobierno utilizó como justificación para actuar con urgencia. El decreto también se respalda en el artículo 99, inciso 19, que permite al Presidente llenar vacantes en comisión. Según el comunicado oficial, esta medida busca evitar la paralización del órgano judicial máximo y garantizar la continuidad del servicio de justicia.
Lo cierto es que la decisión de Milei podría generar una fuerte disputa con el Congreso. Sectores de la oposición ya advirtieron que se trata de un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y que judicializarán la medida. Argumentan que sin el aval del Senado, los nombramientos son inconstitucionales y que el precedente podría abrir la puerta a un debilitamiento de la división de poderes. Por otro lado, la situación de Ariel Lijo plantea un dilema adicional. Como juez federal en funciones, debe solicitar licencia o renunciar para asumir en la Corte.
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se reunirá para evaluar su pedido de licencia, aunque fuentes judiciales sugieren que la Corte Suprema podría rechazarlo, obligándolo a renunciar. La decisión de Milei se da en un contexto de fuerte tensión política y en un año electoral clave. La maniobra anticipa un juego de estrategias cruzadas en el Congreso, donde el oficialismo buscará consolidar su control sobre el máximo tribunal, mientras la oposición intentará frenar lo que considera una violación a la institucionalidad.
El oficialismo ya dejó claro que no aceptará que "los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino" y que continuará con el trámite legislativo para lograr la aprobación formal de los pliegos. Sin embargo, la oposición podría paralizar el proceso en el Senado y recurrir a la justicia para frenar la medida. La designación de jueces por decreto sin acuerdo del Senado sienta un precedente polémico que podría marcar el rumbo institucional del país en los próximos años. Lo que parece ser una jugada para garantizar la operatividad de la Corte podría convertirse en un conflicto de larga duración que termine definiéndose en los tribunales.
