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"Cristileaks": los U$S 500 millones que el kirchnerismo escondió

El ciclo de Lanata reveló documentos que siete bancos internacionales aportaron sobre movimientos y sociedades vinculadas a la causa. ¿CFK le ordenó ocultarlos a la Procuradora del Tesoro?

21 Agosto de 2016 21:27
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En un informe vinculado a la “Ruta del dinero K”, el ciclo “Periodismo Para Todos”, que conduce Jorge Lanata, presentó hoy los llamados “Cristileaks”, documentos confidenciales que revelaron siete bancos internacionales aportaron sobre movimientos y sociedades vinculadas a la causa.

Se trata de información acerca de miles de movimientos financieros por casi 500 millones de dólares que siete bancos internacionales aportaron a pedido de la Justicia norteamericana. Sólo a traves del Standard Chartered, se hicieron un total de 1.336 transacciones entre el 2006 y el 2014, por un monto aproximado de 408 millones de dólares.

Se trata de los bancos Ocean Bank, HSBC, Citibank, Bank of America, Wells Fargo y New York Mellow, a través de los cuales personajes vinculados a la causa como Martín BáezJorge Chueco y Federico Elaskar por citar sólo algunos, hicieron operaciones por cifras millonarias.

Federico Elaskar, uno de los que aparecen mencionados en el informe. 

Según el informe de Lanata, esta información le llegó en su momento a la por entonces Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, quien se encuentra acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público y que se llevó esa documentación antes de dejarle su cargo a su sucesor, Carlos Balbín.

Según lPPT, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona se encargó de ocultar la información. 

Los documentos presentados por PPT hablan de la existencia de 123 sociedades radicadas en Nevada, Estados Unidos, que la Justicia de ese país determinó que están vinculadas a los Báez. Todas ellas tienen en común que están manejadas por Aldyne LTD, registrada en las Islas Seychelles. 

Aldyne, con sede en Seychelles, manejaría las 123 empresas atribuidas a Báez. 

En los “CristinaLeaks” se confirma que los beneficiarios finales de Aldyne, es decir de las 123 empresas que la Justicia argentina atribuyó a Báez, tiene dos destinatarios finales sugestivos. Uno de ellos es el operador de bolsa Jorge Galitis y el otro es el abogado Edgardo Levita, quien manejó, según denuncias de la oposición, una empresa de aviones privados que la familia Kirchner usó mientras ocupaba la Presidencia de la Nación.

Casualmente, Levita fue quien más se movió para frenar la investigación sobre La Ruta del Dinero K cuando era investigada por el fiscal José María Campagnoli, e incluso interpuso un recurso de amparo en varios medios para que su nombre no se mencione y se le pida derecho a réplica. Sobre el final de su informe, Lanata propuso respaldar a Campagnoli con firmas para que se convierta en el próximo Procurador General de la Nación, el cargo que ocupa hoy Alejandra Gils Carbó. 

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