La Justicia ordenó hoy nuevamente la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, cabezas del Grupo Indalo, acusados de evasión impositiva mediante la retención del impuesto a los combustibles.
López se entregó en la sede central de la Gendarmería, el edificio Centinela, situado en Retiro, luego de haber tomado conocimiento de la nueva orden de detención.
La medida fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Figueroa, que votó en disidencia. De esta forma revocaron la decisión que había adoptada meses atrás la Cámara Federal.
Los tres camaristas de Casación hicieron lugar al planteo del fiscal Raúl Plee, quien durante una audiencia que se realizó ayer pidió que los dos empresarios siguieran detenidos y que fueran procesados nuevamente por defraudación al Estado.
López cuando salió de prisión.
En su voto el doctor Hornos consideró que no se puede incurrir en una percepción ingenua y sesgada de la real dimensión de los hechos juzgados como graves hechos de corrupción vinculados con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia económica; por lo cual es responsabilidad del Estado la erradicación de la impunidad en virtud de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, según consignó el Centro de Información Judicial.
Resaltó las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.
"El juez Hornos concluyó que la compleja maniobra delictiva montada en el caso por funcionarios de la AFIP: Etchegaray en su entonces rol de Administrador Federal, en clara connivencia con los encausados López y de Sousa, excedieron en su dimensión fáctica y jurídica, los límites del específico delito tributario en el que fueron encuadrados los hechos juzgados en la resolución impugnada, en aspectos sustanciales tanto objetivos como subjetivos, toda vez que se investiga en el caso el desarrollo ejecutivo de una clara, compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del Fisco, que constituye el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", agrega el CIJ.
Los jueces de la Cámara Federal, Farah y Ballestero, consideraron que la figura que se debía considerar era la de retención indebida de impuesto, un delito mucho más leve, y ordenaron la libertad de los empresarios.
Luego de que López y De Sousa quedaron en libertad el Gobierno, con el presidente Macri a la cabeza, estallaron en críticas contra los jueces. Ballestero pidió licencia esta semana y Farah pidió que lo trasladen a un tribunal oral.