17 Septiembre de 2018 14:05
El juez federal Claudio Bonadio sostuvo que Néstor Kirchner, su esposa Cristina Fernández y Julio de Vido fueron los organizadores de una asociación ilícita que se dedicó a recaudar dinero en forma ilegal de empresas, en la publicitada causa de los cuadernos.
El magistrado consideró a la ex mandataria "jefa de una asociación ilícita" por admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. Además, le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos. Esa jefatura, según el juez, se hizo efectiva tras la muerte de su marido.
Bonadio sostuvo que el dinero recolectado por Roberto Baratta, coordinador en el Ministerio de Planificación, fue entregado en 87 oportunidades a Héctor Muñoz, secretario privado del ex presidente, en el departamento de la calle Uruguay, en la Recoleta. Dijo que otras veces fue recibido por Néstor o Cristina en la residencia de Olivos o en la Casa de Gobierno.
El juez sostuvo que tras la muerte de Kirchner "únicamente cambió el sistema de recaudación, ya que dejaron de llevarse los bolsos con dinero al domicilio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, pero las empresas continuaron entregando dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, manteniéndose como destinataria final del dinero Cristina Elisabet Fernández".
El juez citó el testimonio de Claudio Uberti, quien declaró como arrepentido, y dijo que el alquiler del hotel Los Sauces fue pactado en 105 mil dólares mensuales al empresario Juan Carlos Relats, y que esa fue la forma que se buscó para blanquear el ingreso de dinero al patrimonio de los Kirchner.
"A partir del año 2012 se reinició el esquema de requerimiento de dinero y las oficinas del Sr. Clarens pasaron a estar en un edificio importante que está detrás del hotel Hilton de Puerto Madero", dijo Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y quien describió el esquema de recaudación con las empresas.
Otros de los hechos que le imputa el juez:
La firma de un decreto para prorrogar el contrato de la hidrovía, por el que se habrían pagado 600 mil dólares, según denunció el empresario Gabriel Romero.
Los pagos que la empresa Techint supuestamente realizó para que el gobierno argentino intercediera ante Venezuela por la estatización de una siderurgia.
El testimomio del piloto Sergio Velázquez quien declaró que "cinco minutos antes de que el avión despegara ingresaban a la pista del aeropuerto automóviles y camionetas de la comitiva presidencial que llegaban sincronizados con el helicóptero que traía a la familia presidencial y secretarios. Ni bien llegaban a la pista, los automóviles y camionetas se estacionaban al lado del avión y en menos de tres minutos subían la totalidad de las valijas del matrimonio presidencial y sus secretarios, las cuales no eran ni escaneadas, ni despachadas en bodega."
Al respecto, el financista arrepentido Ernesto Clarens sostuvo que el fallecido secretario Munoz, le había dicho que "el dinero era trasportado los días viernes en aviones oficiales que salían de aeroparque del sector militar y aterrizaban en el aeropuerto de Rio Gallegos, o bien en El Calafate, el destino final del dinero siempre era El Calafate".
El juez también cita el testimonio de José López, el ex secretario de Obras Públicas, quien declaró que los 9 millones de dólares que le encontraron en un convento de General Rodríguez le habían sido entregados por tres hombres, luego de una reunión con Fabián Gutiérrez, ex secretario de la ex presidenta.
