El tratamiento de la Ley de Alquileres se encuentra actualmente en la Senado con dictamen de mayoría y sería tratado el próximo jueves en el recinto. La nueva versión establece una duración de tres años, mantiene la Ley Lipovetsky; una actualización semestral; atendiendo el reclamo de los propietarios; la prohibición de hacerlo en moneda extranjera; una variación estipulada por el índice HoGar para los aumentos y otorga beneficios impositivos para los titulares.
La aprobación por mayoría absoluta, es decir de los presentes en el recinto, estaría garantizada con las manos del Frente de Todos y de legisladores del Interbloque federal, que ya sumaron su firma para la llegada del proyecto. Siempre dentro de esta hipótesis, debe volver a Diputados, sin pasar por las comisiones pertinentes, donde para ser convalidada necesita nuevamente mayoría absoluta.
Para poder imponer nuevamente la versión anterior de Juntos por el Cambio enviada a la Cámara Alta, la oposición debería contar con las dos terceras partes de los votos. Los tiempos apremian si el oficialismo pretende terminar este año legislativo con el tema cerrado y ofreciendo una solución por lo menos desde lo formal. Quizás puedan dar los tiempos para que llegue la nueva Ley antes de las Elecciones Generales el próximo 22 de octubre.
La urgencia y necesidad de resolver una situación acuciante para millones de personas, que algunos ya tildan de más que acuciante y de la cual muchas familias dependen no puede someterse al tiempo electoral. Luego el Ejecutivo deberá hacer su parte aplicando la norma, morigerando la inflación y estabilizando la economía.
¿Cuántos senadores y diputados alquilan? Esa es la pregunta que se hacen los millones de inquilinos, quienes aguardan con expectativa la resolución en tiempos en los que alquilar se convirtió en una verdadera odisea para la mayoría de los trabajadores.
"Que los propietarios no puedan votar la Ley de Alquileres es plantear una cuestión de democracia corporativa que no tiene nada que ver", señaló Maurice Closs sobre la Ley de Alquileres. Y su palabra no es menor. El ex gobernador de Misiones y actual senador nacional tiene millonarias inversiones en el negocio inmobiliario y deberá marcar posición la semana que viene en el recinto.
Desde Inquilinos Agrupados le responde Gervasio Muñoz: ”La violación a la norma en el caso de estos legisladores, no consiste en tener propiedades, sino que su negocio sea alquilarlas y vote para sostenerlo”.
Conflicto de intereses
Las agrupaciones de inquilinos han planteado sus objeciones al voto de algunos legisladores, tanto senadores como diputados, que poseen inversiones en el mercado inmobiliario. Su participación en la sanción en un sentido o el otro de la norma se puede ver afectada por sus intereses, violando la Ley de ëtica Pública.
Les reclaman por lo menos la abstención para no estar de los dos lados del mostrador, como directo involucrado y firmando una norma que los beneficia. A nivel nacional existe la Federación de Inquilinos Nacional conformada por locatarios de San Juan, CABA, La Pampa, Santa Cruz, Tandil, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Rosario, Bahía Blanca y La Rioja.
La agrupación Inquilinos Agrupados (CABA) expuso a algunos legisladores que votaron en contra de la norma o realizaron propuestas que se vinculaba explícitamente con el negocio inmobiliario según su visión. Los legisladores señalados fueron el senador Maurice Closs del Frente de Todos, la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño y el diputado del PRO porteño Pablo Tonelli.
La diputada Camaño, que plantea modificar la ley de alquileres, tiene una deuda declarada de casi 3 millones de pesos con el Colegio de corredores inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/byQRBAlFZo
- Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) August 23, 2023Maurice Closs posee 22 inmuebles declarados en el país y propone reducir a tres meses el mínimo en el que se puede renegociar el monto del contrato. El legislador declaró en AM750: "Que los propietarios no puedan votar la Ley de Alquileres es plantear una cuestión de democracia corporativa que no tiene nada que ver".
Por otro lado, sostuvo: “Nno podría hablar de ganadería, porque hago ganadería. No podría hablar de hotelería, porque hago hotelería. Ni votar un feriado largo”. Durante el debate de la norma, propuso reducir a tres meses el mínimo en el que se pueda actualizar el valor del alquiler. También que la fórmula se elija de entre tres índices: valor del dólar oficial, índice de precios al consumidor o por el índice de alquiler del Banco Central.
Gervasio Muñoz, titular de la asociación de arrendatarios porteños, explica la violación a la norma en el caso de estos legisladores, que no consiste en tener propiedades sino que su negocio sea alquilarlas y vote para sostenerlo. Para nuestro interlocutor lo que está en juego no es a lo que se dedica una persona y ejemplifica: “¿El diputado Hugo Yasky, dirigente sindical, podría votar a favor una reforma laboral? Si, podría. Porque el no tiene una empresa con trabajadores a cargo”.
A modo de ejemplo, Muñoz cita un par de casos a su entender claros y contrapuestos. Cuando se trataba la Ley 125 en el año 2008, recuerda que Roberto Urquía, propietario de la aceitera más grande del país y ex senador del Frente para la Victoria por la prorvincia de Córdoba, decidió no acompañañar a su bloque y se abstuvo. Hubiese preferido votar en contra porque se perjudicaba o lo podría haberlo hecho a favor, pero no fue así.
Menciona también a Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, en la sesión que se discutió la Ley de Alquileres y se trató el problema de los Hipotecados UVA, decidió abstenerse. López es poseedor de unos de esos créditos y hubiese votado en defensa propia a favor de su desendeudamiento.
Muñoz aclara: “No significa que no puedan participar, los que tienen viviendas en alquiler pueden votar a favor que se regule. Lo hace en términos de un interés público ya que 10.000.000 de inquilinos se verán favorecidos. Lo que no puede es votar en contra, porque en realidad significa que no quiere perder rentabilidad”.
Por su parte, Matiás Solanom de Inquilinos Santa Cruz sostiene que aquellos legisladores que se dedican al negocio inmobiliario tienen un conflicto de intereses. Señala que son. “Entre sus propios intereses y los del pueblo al que deberían representar. Así que al menos deberían dejar claro eso cada vez que opinan sobre la cuestión, como mínimo. Y si no abstenerse de votar que seria lo ideal”.
La Ley está para cumplir
La Ley 25.188 o Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública fue sancionada por el Congreso Nacional el 26 de setimbre de 1999 y promulgada el 26 de octubre del mismo año. El primer artículo establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades a las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
En el artículo 2º señala que los sujetos comprendidos se encuentran obligados a cumplir con deberes y pautas de comportamiento ético. Especifica que “no puede recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello”. También deben “abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil”.