por Gonzalo Prado
16 Abril de 2020 13:49
El presidente Alberto Fernández se prepara para anunciar en los próximos días que el aislamiento social obligatorio, más conocido como cuarentena, se extenderá por al menos 15 días más como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Con esta nueva medida, se entrará a la “Fase 4” del operativo de control de daños que comenzó a implementar la Casa Rosada, en conjunto con las demás provincias, desde la semana del 20 de marzo.
La decisión que comenzaría a debatir con los gobernadores hoy es la forma en la que empezarán a administrar la cuarentena a partir de mayo. Es que esta semana se conoció una serie de indicadores que generó preocupación en la Casa Rosada. Uno de ellos es que casi ocho millones de personas recibirán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ese beneficio rige solamente para personas que se encuentran dentro de lo que se denomina población económicamente activa ya sea con empleo registrados, cuentapropistas o en negro. Pero la cifra es aún mayor se tiene en cuenta que 11,5 millones de personas, según pudo saber BigBang, solicitaron esa asistencia.
Lee más | Más gente en la calle a pesar de la cuarentena: cuánto aumentó el tránsito y a qué se debe
El total de ese universo se calcula en 19,5 millones de personas que trabajan, por lo que más del 50% de la población económicamente activa lo solicitó. Cabe descartar que tanto el ministro de Producción, Matías Kulfas, como el de Trabajo, Claudio Moroni, y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, esperaban en un principio que esas cifras estuvieran entre tres y cuatro millones de personas.
Sin embargo, con el correr de los días al corte final para recibir las solicitudes en esta primera etapa Kulfas y Moroni empezaron a ver que el número iba en aumento. Sobre todo después de varias reuniones con cámaras empresariales y gremios. Allí ambos funcionarios comenzaron a plantear la necesidad de que haya reducciones de salarios en pos de mantener puestos de trabajo. El fuego amigo del sector más duro del kirchnerismo no tardó en llegar, pero el propio jefe de Estado se convenció en las últimas horas de que sus dos ministros acertaron con esa decisión.
Uno de los puntos que pondrá a consideración de los gobernadores es la forma en la que empezarán a administrar la cuarentena. Es que en las provincias que integran el núcleo productivo del país y que no dependen de la coparticipación federal para poder funcionar el panorama es desolador. La Ciudad, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén y San Juan ya dan por descontado que al menos un trimestre de recaudación se encuentra casi perdido y el posterior en duda. “No se puede aumentar mucho más la cuarentena así como está porque no sabemos de dónde vamos a sacar la plata para pagar los sueldos”, le dijo un mandatario provincial a este medio.
En la Ciudad, por ejemplo, la recaudación por Ingresos Brutos representa el 56% del Presupuesto. Ese gravamen se encuentra directamente relacionado con los ingresos que tienen tanto profesionales, comercios y empresas. En Mendoza, la Administración Tributaria (ATM) registró una caída del 70% en términos reales en la recaudación de marzo solamente. En la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof ya comenzó a maneja una caída real de entre el 40% y el 60%.
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Omar Perotti y Juan Schiaretti respectivamente, fueron los que primero manifestaron la intención de que algunos pueblos comiencen a restablecer sus actividades comerciales. Perotti, que se convirtió en uno de los principales aliados federales del Presidente, rechaza cualquier tipo de posibilidad de contradecir lo que diga el jefe de Estado pero es una de las voces que aboga por la cuarentena administrada. “Nosotros si bien tenemos mucha producción de alimentos, hay otras actividades que si sintieron el impacto y hay que atenderlas”, expresan cerca del mandatario provincial.
Una de los proyectos que tiene, y que tomó incluso el ministro de Salud, Ginés González Garcia, es la lógica del Transporte Público. Básicamente es permitir la circulación (con control) en todo centro urbano donde casi no se use el transporte público. Esa premisa también se estudia cómo adaptarla al AMBA en donde tanto el impacto económico como la circulación de personas es mayor.
