¿Poder Judicial afuera?
20 Enero de 2024 12:22
En un gobierno en el que las normas intentan salir con decretos de necesidad y urgencia y con megaproyectos con cientos de modificaciones sin mucho debate parlamentario, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, deslizó ante la prensa parte de la agenda que buscará implementar en su área.
Las propuestas, lanzadas como consignas en una entrevista radial, no existen más que en ese enunciado. Aunque muchas de las que expuso como objetivos, tienen tanto detractores como defensores.
El abogado penalista recientemente anunció que reducirá el personal de 6 mil trabajadores de su área a la mitad. "Se va a achicar muchísimo, tengo una proyección -ya fui achicando bastante- para el 2024, 2025 y 2026. Nadie que tenga derechos se le van a violar. Hoy me reuní con sindicatos y les dije que mi aspiración es terminar con 2500. Haremos indemnizaciones, retiros, conversaremos", aseguró esta semana frente al streaming "Neura" de Alejandro Fantino.
La perspectiva confrontativa y ajustadora es probable que genere conflictos, pero fundamentalmente va en el mismo sentido de los otros anuncios informales, como los que dio ante Radio Rivadavia sólo un día antes: baja de imputabilidad a los 14 años, el establecimiento de juicios por jurados en todo el país y la creación de una fiscalía especializada anticorrupción.
Una de las abogadas que cruzó ante BigBang la baja en la minoridad fue María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). "Es una cuestión tan marketinera, que el mismo señor Ministro, una semana antes había dicho 'esto no es una prioridad', cuando se lo preguntaron en un programa", cuestionó. "Lo curioso es que, en general, esto surge en períodos de campaña electoral porque es un tema que garpa publicitariamente para quienes optan por manos duras. No es tan frecuente una vez que ya terminó el periodo electoral, porque en realidad no cambia nada", reconoció.
"La primera gran falacia es plantear que 'el problema de la seguridad' tiene que ver centralmente con niños, niñas y adolescentes de 13, 14, 15 años que cometen delitos. Eso es falso", denunció Verdú. "Hay pocas estadísticas oficiales confiables, lamentablemente, pero algunas como las de la página de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Secretaría de Política Criminal, etcétera, muestran que la incidencia de personas de 13, 14 y 15 años, es menor al 0,1 por ciento", informó.
Para la especialista el cambio en la edad de imputabilidad no modifica nada ni soluciona ningún problema, sólo genera un ámbito de punitivismo y de criminalización penal. "Es mentira -y esa es la segunda falacia- que si vos tenés menos de 16, -13, 14, 15-, y te ves involucrado en un hecho delictivo, no haya ninguna consecuencia", señaló la titular de Correpi.
"Hay un proceso penal, que no va a contener una condena, porque de la misma manera que a una criatura de 12 años no la dejamos que se case, porque entendemos que no tiene la madurez psicofísica necesaria, no tiene intención, discernimiento y voluntad, para poder actuar como una persona madura, porque es un niño o una niña", detalló Verdú. "No tiene sentido aplicarle una pena, cuando hay un montón de otro tipo de recursos para tratar de resolver la situación. Vos no podés tratar con el mismo sistema penal a una criatura de 13 años que a un adulto", completó.
Lo cierto es que cuando un niño de esas edades que quiere integrar Cúneo Libarona comete un delito, interviene un juzgado de menores o de Responsabilidad Penal Juvenil, que lleva adelante un proceso tutelar, donde analiza si hay una situación de abandono y desamparo, y en función de eso, resuelve si esa persona sigue con sus adultos responsables, su familia, o lo dispone.
"No existirían los institutos de menores para chicos de menos de 16, si no hubiera alguien dentro", razonó la titular de Correpi. "Además, más allá de cuál sea la situación de origen de ese pibe o esa piba, ahí te puedo asegurar que va a estar abandonado y en situación de desamparo, y además va a salir violado y embrutecido", criticó.
"Los delitos cometidos por menores no pasan el dos por ciento. Lo que tenemos acá es un deficiente servicio de seguridad preventiva y un deficiente servicio de justicia", cuestionó ante BigBang, por su parte, el abogado penalista Miguel Ángel Pierri. "Hay que sancionar una ley penal juvenil integral, que no solamente trate la imputabilidad de los menores, sino que le dé identidad y derechos a la juventud", sumó.
En donde Pierri tiene más para decir es sobre los juicios por jurado en todo el país, algo que ya se puede aplicar, pero que depende de cada provincia. "La Constitución de 1853 ya hablaba de establecerlos para recortar el poder de los jueces", analizó. "Ahora, cada vez que la iniciativa se trata en una nueva provincia, desde la política se habla, se acciona, se grita", soltó.
"Cuando hablamos de juicio por jurado, me interesaría que sea para todos los delitos, no sólo para los mal llamados 'delitos graves'. Yo quisiera que los que se vinculan con el sistema penal, y sobre todo los de guante blanco y en la función pública, sean juzgados por los ciudadanos, ahí va a cambiar realmente la cosa", opinó el letrado.
Según explicó, para que la propuesta se concrete, habría que necesitar de la voluntad de cada distrito. "Cada provincia elige para sí su procedimiento penal. Los códigos de procedimientos son de cada provincia", afirmó. Para él lo más importante del debate sería conseguir la oralidad en todos los fueros. "La discusión por jurados lo que certifica y acerca es primero la inmediatez y la oralidad, y que los actores civiles sean partícipes", precisó.
"Yo creo que las intenciones del ministro son buenas, aparte de que lo que no se puede negar es que conoce la Justicia, porque es uno de los pocos ministros que realmente ha ejercido como abogado. En ese aspecto, sin hacer ningún planteo de carácter ideológico, yo suscribo a la buena intención que tiene. Que lo pueda lograr depende de todos nosotros. Estamos en el peor momento de este siglo y del anterior, del desprestigio de la Justicia argentina. La labor que le ocupa es realmente ciclópea. Está lidiando con la institución más desprestigiada y más desconfiada de la sociedad", advirtió el penalista.
"Si realmente queremos salir de este marambo y de esta situación gravísima que estamos viviendo en materia de seguridad, de sospecha de la Justicia, una de las herramientas es el juicio por jurados, y una profunda reforma del Poder Judicial, que ningún ministro de Justicia hasta ahora llevó a cabo", aseguró Pierri, "La gran responsable de mucho de la caída de nuestra sociedad es el mal servicio de Justicia", reconoció.
"El desprestigio de la Justicia es enorme. Sentamos en la banca de jueces a personas muy mal formadas, que no tienen ningún tipo de experiencia penal, algunos que hacen fallos que son de laboratorio, sin aplicabilidad, y los vemos en los juicios, la disconformidad que tiene la sociedad con muchos fallos", insistió el penalista. "Por eso también es muy importante que los jueces y fiscales sean evaluados cada 10 años, para ver si están en condiciones. Si saben o no saben y que si no saben que se vayan", propuso.
La visión crítica de Pierri es contundente. Para él "hay abogados en función de jueces y fiscales que son la vergüenza de la matrícula". "A mí me dejó sorprendido que Cúneo Libaron contó que el INADI tiene más personal que el Servicio de Justicia Penal. No quiero decir que el INADI no tenga que existir, sí me llama la atención dónde pusimos el foco y dónde no. Si eso es real, hay que reconvertir la situación rápidamente. Define el interés que tenemos en el servicio de Justicia", lamentó.
Pierri aseguró no oponerse para nada a la creación de una fiscalía anticorrupción. "Todo lo que pueda ayudar sirve. Pero lo que tenemos que dar son fiscales realmente probos, jueces independientes que persiguen el delito de todo tipo", sentenció. Para analizar ese punto en particular, BigBang dialogó con Manuel Garrido, quien estuviera al frente de la Oficina Anticorrupción (OA) y que pasó por el organismo entre 1999 y 2009. A su vez, es director ejecutivo de la ONG Innocence Project Argentina, que intenta liberar a condenados que realmente sean inocentes.
"Es muy difícil saber a qué está haciendo referencia el ministro, porque no hizo más que un anuncio genérico y hasta se habló de una CONADEP contra la corrupción, que son cosas totalmente distintas. Con lo cual la verdad que es muy difícil hacer una evaluación de una política pública que no ha sido propuesta en la campaña, que no responde a ninguna planificación y que no se detalló", afirmó Garrido.
Para el especialista ya existen fiscalías especializadas en el Ministerio Público con competencia anticorrupción. Una es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la otra es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). "El anuncio no deja en claro si sería una nueva ni qué harían con las existentes", detalló.
"Esta no es la manera, un anuncio a la marchanta sin ninguna planificación. Si uno quiere reconstruir credibilidad en los organismos especializados, debería haber una planificación seria, debería darse mayor independencia a esa fiscalía, un mecanismo de selección y titular que sea objetivo y transparente, mayores recursos que los que actualmente tienen las fiscalías existentes. O sea, se pueden hacer un montón de políticas públicas mejores que las que hay, pero no es esta la manera. Acá no hay ninguna política pública, hay un anuncio superficial que se contradice con declaraciones anteriores", reflexionó.
Para quien también fuera diputado nacional entre 2011 y 2015, "más que un anuncio es una especie de fuego artificial para distraer lo que realmente está haciendo: quitándole facultades a la UIF y a la OA ", organismo al que "por primera vez le van a sacar la facultad de querellar".
"Dijo que iba a darle la OA a la oposición y termina nombrando un amigo. Y ahora cuando es criticado por quitar esas facultades hace este anuncio, no se lo puede tomar en serio, al menos hasta que no haya una propuesta concreta, más detallada", rechazó Garrido.
"La anticorrupción es mucho más que investigar hechos de soborno. Porque si vos revisás el DNU o la Ley Ómnibus, se ven como loteadas áreas de negocios, que metieron mano en esos textos. Eso es corrupción también. Es apoderarse del Estado por parte de intereses privados que están en el gobierno hoy", reveló el también profesor del posgrado de Derecho Administrativo en Políticas Públicas contra la Corrupción, que realiza la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
"La idea de la corrupción como el pago de un soborno a un funcionario público es una visión muy limitada. Hay una versión superadora, que es la captura del Estado. Cuando los intereses privados se apoderan del Estado, que es lo que está pasando con este gobierno. ¿Qué va a investigar cuando tenés los abogados de unos sectores corporativos que redactan, derogan normas, hacen desaparecer áreas de control, o eliminan regulaciones, para favorecer sus negocios?", denunció.
