por Agustin Gulman
14 Noviembre de 2017 10:49
Custodia permanente, actividades limitadas y hasta el cambio de identidad o la radicación en otro país. El programa de protección a testigos al que accedió ayer por la tarde el supuesto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, fue creado por ley en 2003, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en la actualidad tiene a su cargo más de 200 casos.
El programa de protección a testigos al que accedió Vandenbroele tiene como objetivo “preservar” la seguridad de los imputados y testigos cuyas vidas puedan estar en peligro, y que hubieran colaborado “de modo trascendente y eficiente” en investigaciones de la Justicia federal. Por acogerse a la figura del arrepentido, podría pedir la reducción de la pena en caso de ser condenados - se negocia con el fiscal -, pero sólo cuando aporte información relevante, que apunte hacia personas de mayor rango en la investigación que se lleva a cabo.
El testimonio de Vandenbroele podría complicar aún más a Amado Boudou.
Un año y medio atrás fue el ex valijero Leonardo Fariña el que se acogió a esta figura para obtener dos beneficios fundamentales: la libertad, tras dos años en prisión; y la reducción de la pena en caso de ser hallado culpable, y siempre y cuando la información que aporte sea de relevancia.
El arrepentimiento no se puede solicitar después de que la causa fuera elevada a juicio oral. En caso de que el delito prevea la pena de prisión perpetua, el límite para la reducción del castigo serán los 15 años. Y si la información que aporta es falsa o inexacta, puede ser condenado a entre cuatro y diez años de cárcel.
El sistema de Protección a Testigos tiene como objetivo que el imputado o testigo colabore con la Justicia. Según explicaron desde el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano se protege al testigo y a su familia. “La custodia se hace en base a una evaluación de riesgos. Se analiza si es necesario ampliar a otros familiares”, señalaron a BigBang.
El sistema de protección a testigos rige desde 2003 y depende del Ministerio de Justicia.
El sistema está a cargo de Francisco Lagos y depende de la Subsecretaría de Política Criminal de la cartera de Justicia. En todo el país hay poco más de 200 casos de testigos bajo este régimen. Ayer a la tarde se sumó Vandenbroele, el hombre que podría desenmarañar el entramado delictivo del caso Ciccone, en el que se lo acusa de ser el testaferro de Boudou en la compra de la imprenta calcográfica en 2012. El viernes será un día clave, ya que declarará por primera vez como arrepentido.
El programa lleva a cabo varios análisis para determinar cuál es la mejor protección que se le puede brindar a un testigo o imputado que es incorporado. La ley 25.764 establece que se pueden determinar custodias personales y domiciliarias, alojamiento temporario en lugares reservados y cambios de domicilio.
Pero además, establece que se otorgarán los “medios económicos” para alojamiento, alimentos, traslados, comunicación, atención médica y reinserción laboral. Sin embargo, de acuerdo a la ley aprobada en 2003, la asistencia económica “en ningún caso” se podrá otorgar por más de seis meses.
Así era detenido Boudou semanas atrás.
Como si se tratara de una película de espías, las autoridades pueden definir el cambio de identidad y dependiendo la peligrosidad de cada caso el traslado a otros países. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia aseguraron a BigBang que ahora no existe ningún testigo que hubiera sido reubicado fuera de la Argentina.
Un dato clave: para ingresar al programa, los testigos e imputados deben acceder a modificar su rutina cotidiana para facilitar la custodia y evitar cualquier tipo de conflicto. “Tienen que rendir cuentas y estar de acuerdo con las exigencias, y llevar una vida de acuerdo a lo que exige el programa”, aseguraron a este medio.
PROTEGIDOS, PERO CON OBLIGACIONES
Así como tienen beneficios, los imputados que ingresan al programa de protección a testigos tienen la responsabilidad de “mantener absoluta reserva y confidencialidad” sobre la protección que reciben. También deben someterse a estudios médicos, psicológicos, físicos y socioambientales, presentar declaraciones juradas patrimoniales y detallar si tienen juicios pendientes u otras obligaciones legales. Inclusive, pueden ser expulsados del programa si cometen delitos o contravenciones.
Alejandro Vandenbroele declarará el viernes, por primera vez como arrepentido.
En caso de tener hijos deberán colaborar con las “obligaciones alimentarias que pudieran existir”. También deberán “abstenerse de concurrir a lugares de probable riesgo”. En el Ministerio de Seguridad explicaban que si un testigo protegido tiene como “costumbre” ir a tomar café a un determinado sitio u horario, se le puede prohibir para evitar cualquier tipo de conflicto.
